La asociación Nofumadores ha celebrado el anuncio de Reino Unido de aumentar progresivamente la edad legal para comprar tabaco en Reino Unido a partir de 2027, y piden al futuro gobierno español su implantación.
El Pleno de la Conferencia Sectorial sobre el Plan Nacional sobre Drogas (PNsD) ha aprobado por unanimidad este jueves la distribución a las comunidades autónomas de más de 9,5 millones de euros destinados a financiar el desarrollo de las políticas de prevención sobre drogas y atención a otras adicciones durante 2023.
Ansiolíticos y antidepresivos, moduladores del sueño, analgésicos, antiinflamatorios y protectores gástricos. Estos son, por orden, los fármacos de los que más abusamos los españoles. Un abuso que no está exento de efectos secundarios.
La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes (por el día 14), con 16 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones, una Proposición No de Ley (PNL) del PP que reclamaba al Gobierno que pusiera en marcha una investigación sobre la posibilidad de utilizar productos de tabaco, como los cigarrillos electrónicos, para ayudar a dejar de fumar.
El Gobierno ha propuesto repartir entre las comunidades autónomas 8.700.000 para impulsar planes autonómicos de drogas, de acuerdo con los criterios de distribución que, para el año 2022, aprobó el Consejo de Ministros.
Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES 2022). La sustancia más consumida en los últimos 12 meses es el alcohol que ha sido consumida por el 76,4 por ciento de los encuestados, le sigue el tabaco (39%), los hipnosedantes (13,1%), el cannabis (10,6%) y la cocaína (2,4%). Por edades, el consumo es mayor en el grupo de 15 a 34 años, salvo en hipnosedantes y analgésicos opioides, que aumenta a partir de los 35 años.
El documento plantea mejorar la vigilancia epidemiológica, ampliar el acceso al diagnóstico, fortalecer la educación sexual y reducir el estigma asociado a las ITS hasta 2030
Si algo nos recuerda este informe es que las políticas de drogas son, o deberían ser, en última instancia, políticas de salud pública, justicia social y de garantía de derechos.
La reforma impulsada por el Gobierno de República Checa para trasladar la coordinación de la política de drogas al Ministerio de Salud ha generado críticas entre profesionales y antiguos responsables del sector.