La Conselleria de Sanidad prevé tener legislado mediante un decreto propio la utilización del cigarrillo electrónico en la Comunitat Valenciana en el plazo de unos tres meses, una vez que el Ministerio de Sanidad haya establecido la normativa general sobre el tratamiento de ese dispositivo.
Aterrizaron en las tiendas como una forma moderna e inocua de fumar, incluso un método exitoso para deshabituarse del tabaco, pero pronto se ha cuestionado su composición y sus verdaderos efectos en el consumidor. Las dudas sobre los cigarrillos electrónicos o vapeadores están llegando a las consultas de los médicos mientras los profesionales reclaman más estudios que clarifiquen qué tipos de sustancias los componen y su efectividad para dejar de fumar.
La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha expresado hoy su respaldo a la regulación del consumo del cigarrillo electrónico y equiparar su utilización a la del tabaco, al tiempo que pide que se consideren un "producto medicamentoso".
La OMS desaconseja el uso del cigarrillo electrónico y los profesionales sanitarios españoles alertan de que contiene algunas sustancias idénticas al convencional y con efectos a largo plazo desconocidos.
Sanidad y las CCAA elaboran una norma estatal para prohibir su consumo en estas instalaciones. Ana Mato reconoce que se ha producido "un intenso debate".
Cada trabajador fumador cuesta una media de 2.000 euros a su empresa, de los que 1.500 euros corresponden a ausencias para fumar y 500 a bajas por enfermedad, según datos de la Asociación Nacional de Medicina del Trabajo en el Ámbito Sanitario.
Según el último informe del OEDA, el consumo de drogas ilegales en el último mes entre estudiantes de 14 a 18 años cae del 16,5% al 12,3%, mientras en adultos sube del 9,2% al 11,8%
Un estudio nacional de la Universidad Rutgers, el primero en casi dos décadas, revela que el 42.7% de los jóvenes de 13 a 17 años participó en apuestas
La plataforma Menos Daño, formada por organizaciones de reducción de riesgos y daños, reclama al Gobierno de Claudia Sheinbaum un diálogo nacional para reorientar la política de drogas hacia la salud y los derechos humanos.
El Gobierno chileno ha presentado cambios a un proyecto de ley que lleva en el Congreso desde 2022: prevé retirar la licencia a los operadores que se anuncien y considera delito la publicidad de las plataformas sin autorización.