La campaña Apoye. No Castigue ha desarrollado un Banco de ideas para la movilización durante la crisis provocada por el COVID-19 para apoyar actividades que promuevan la salud y el bienestar de las personas que usan drogas y otras poblaciones afectadas por la guerra contra las drogas y el COVID-19.
Las medidas de los gobiernos de todo el mundo para frenar la pandemia de Covid-19, basadas en el confinamiento de la población, han llevado a la interrupción generalizada de las rutas de tráfico de drogas ilegales, principalmente por aire y tierra...
El Ministerio de Sanidad ha advertido de que "no hay evidencia científica" que demuestre los supuestos efectos protectores de la nicotina frente al Covid-19. "Al contrario, los estudios que apuntan a ello no tienen en cuenta los efectos perjudiciales del tabaquismo en la salud, que daña las vías respiratorias y el sistema inmunitario", explican en un comunicado.
Reclaman poder abrir desde la fase cero de desescalada para dispensar cannabis a sus socios, con cita previa, prohibición de consumo en el interior y todas las medidas de desinfección y prevención necesarias.
Desde el inicio de la pandemia ha planeado la duda de cómo las medidas adoptadas por la crisis sanitaria afectarían al suministro y consumo de sustancias, así como los daños asociados.
La Sociedad Española de Epidemiologia ha publicado un comunicado de posicionamiento en relación al estudio francés que sugería que la nicotina podría tener un efecto preventivo a nivel de contagio del COVID-19.
Según el último informe del OEDA, el consumo de drogas ilegales en el último mes entre estudiantes de 14 a 18 años cae del 16,5% al 12,3%, mientras en adultos sube del 9,2% al 11,8%
Un estudio nacional de la Universidad Rutgers, el primero en casi dos décadas, revela que el 42.7% de los jóvenes de 13 a 17 años participó en apuestas
La plataforma Menos Daño, formada por organizaciones de reducción de riesgos y daños, reclama al Gobierno de Claudia Sheinbaum un diálogo nacional para reorientar la política de drogas hacia la salud y los derechos humanos.
El Gobierno chileno ha presentado cambios a un proyecto de ley que lleva en el Congreso desde 2022: prevé retirar la licencia a los operadores que se anuncien y considera delito la publicidad de las plataformas sin autorización.