La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) ha afirmado este miércoles que Uruguay "ha violado los tratados internacionales" al legalizar la producción, venta y consumo de marihuana. Asimismo, ha denunciado que el país "no ha tomado en cuenta la dimensión del impacto en la salud del uso de la droga".
El proyecto de legalización de la marihuana en Uruguay instaló visiones antagónicas entre médicos que afirman que provocará una caída en el consumo de drogas duras con otros que consideran que banaliza los efectos nocivos del cannabis.
Según el Servicio de Salud Mental de esta comunidad, en los últimos diez años ha disminuido el consumo de opiáceos y ha aumentado el de estimulantes, sobre todo el de 'speed'.
No se trata de convertir el norte de Marruecos en un gran coffee shop ni se habla, por ahora, de legalizar el consumo y venta de hachís (la resina que se obtiene del cannabis) porque la sociedad marroquí "de momento, no está preparada para eso", señala a este diario Mehdi Bensaid, diputado del Partido Modernidad y Autenticidad (PAM), que está dispuesto a redactar un proyecto de ley y convencer al resto de las fuerzas políticas de los beneficios medicinales e industriales del cannabis.
La prohibición está resultando muy costosa, la violencia en el país está explicada en función de actos ilegales rentables para las organizaciones criminales, señaló.
El número de consumidores de marihuana en Estados Unidos sigue en aumento, mientras que el uso de otras drogas ilegales se mantiene o disminuye, según concluye el Estudio sobre el abuso de sustancias ilegales y salud 2012, publicado este miércoles por el Departamento de Salud.
La segunda edición de la encuesta muestra una población más favorable a la educación sexual y a la diversidad, pero también revela desafíos persistentes en prevención, consentimiento y equidad de género
El nuevo paquete de Estados Unidos para adicciones, salud mental y sinhogarismo genera dudas por no ser completamente nuevo y por limitar la reducción de daños.
El documento plantea mejorar la vigilancia epidemiológica, ampliar el acceso al diagnóstico, fortalecer la educación sexual y reducir el estigma asociado a las ITS hasta 2030
Si algo nos recuerda este informe es que las políticas de drogas son, o deberían ser, en última instancia, políticas de salud pública, justicia social y de garantía de derechos.