El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha recomendado que Rusia cambie su enfoque de política punitiva en un máximo de 18 meses y considere despenalizar las drogas para el consumo personal.
Desde 2010, la Fundación Andrey Rylkov para la Salud y la Justicia Social (un agente extranjero según el Ministerio de Justicia ruso), ha tratado de hacer que la política rusa sobre drogas sea más humana, dirigiéndose al Comité de la ONU. En ese momento la Fundación presentó su primer Informe paralelo en nombre del Mecanismo público para supervisar la reforma de la política de drogas en Rusia. El informe especificaba que Rusia no estaba aplicando el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (que Rusia había ratificado) en términos de garantizar el acceso al tratamiento de drogas y la prevención, tratamiento y atención del VIH para las personas que se inyectan drogas. El párrafo 1 de este artículo dice: «Los Estados que forman parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. «
Tras examinar el Informe, el Comité adoptó sus conclusiones dirigidas al Gobierno ruso. En esas conclusiones, solicitó a Rusia que respaldara las medidas internacionalmente reconocidas para prevenir el VIH entre los usuarios de drogas inyectables, por ejemplo, legalizando la terapia de sustitución de opiáceos y apoyando el intercambio de agujas y los programas de prevención de sobredosis. Rusia ignoró estas recomendaciones, incluso cuando la cantidad de personas que viven con el VIH en Rusia casi se duplicó.
Tras darse cuenta de que la posición del gobierno no cambiaría, la Fundación preparó otro informe. Sus autores señalaron que las autoridades rusas violaron los artículos 3 y 2 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que habían ratificado; estos artículos prohíben la discriminación y proclaman la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de las partes en dicho pacto. Específicamente, el informe dice que, como resultado de las medidas tomadas por las autoridades en oposición a las organizaciones de la sociedad civil, la epidemia de VIH continuó creciendo en Rusia, mientras que los usuarios de drogas inyectables continuaron en riesgo. En respuesta, el Comité proporcionó un conjunto de recomendaciones, dividiéndolas en dos puntos.
