En el debate de una ley sobre consumos problemáticos en la infancia y la adolescencia, el Congreso argentino ha puesto sobre la mesa una pregunta incómoda: quién debe pagar la prevención. El diputado Horacio Pietragalla Corti propuso un aporte del 1% sobre las actividades vinculadas a estos consumos, como las bebidas alcohólicas, las bebidas energéticas, el tabaco y las apuestas online. Las comisiones buscan dictamen el 12 de noviembre. La idea invierte la lógica habitual: en lugar de cargar el coste solo sobre el presupuesto público, o sobre las familias y los servicios que atienden las consecuencias, pide a las industrias que obtienen beneficios de productos con potencial adictivo que contribuyan a reducir los daños que generan.
No es una idea nueva, y hay experiencias que permiten valorarla. Tailandia creó en 2001 la ThaiHealth Promotion Foundation, financiada con un recargo del 2% sobre los impuestos especiales al tabaco y al alcohol, que pagan directamente las empresas productoras. El fondo, que ha manejado unos 130 millones de dólares anuales, financia programas de control del tabaco y del alcohol, salud mental y seguridad vial. En ese periodo, el consumo de tabaco bajó del 22,5% en 2001 al 18,2% en 2014, aunque es difícil atribuir ese descenso solo al fondo. En el ámbito del juego, Reino Unido aplica desde abril de 2025 una tasa obligatoria a los operadores, de entre el 0,1% y el 1,1% de sus ingresos. Ha recaudado cerca de 120 millones de libras, repartidos entre tratamiento (50%), prevención (30%) e investigación (20%), y la industria no tiene voz en cómo se gasta. La OMS, por su parte, promueve desde 2025 la iniciativa “3 para el 35”, que pide subir al menos un 50% el precio real del tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas mediante impuestos.
El modelo también tiene riesgos. El más señalado es la dependencia: si la prevención se financia con lo que recaudan estas industrias, el Estado y las entidades que reciben los fondos pueden acabar interesados en que esa recaudación no caiga, lo que frenaría regulaciones más estrictas. En Reino Unido, investigadores y la revista BMJ han advertido de posibles influencias de la industria sobre la investigación financiada con la tasa. También existe el riesgo de que el coste acabe repercutido en las personas consumidoras, a menudo las de menos recursos. Por eso estas experiencias apuntan a unas mismas condiciones: fondos finalistas y blindados, gestión pública independiente de la industria y objetivos de reducción del daño evaluables. Con esas garantías, que paguen quienes se benefician no es una sanción moral. Es una forma de reconocer que buena parte de los daños asociados a las adicciones tiene origen en modelos de negocio concretos, y no solo en decisiones individuales.
