Carlos Rodríguez tiene 68 años y su familia no le deja jugar «ni al parchís ni a la Play». Un día, en los 80, su jefe le pidió que fuera a cobrar 200.000 pesetas a un proveedor. «Al volver, me paré en un bingo. Saqué del coche sólo 5.000 pesetas, para asegurarme de que no cogía lo demás. Bueno, ya te imaginas lo que pasó. Al día siguiente, mi jefe me dijo: «Si me hubieras pedido un millón, yo te lo hubiera dado. Pero así no. No puedo confiar en ti». Y me echó».
Carlos es autoprohibido. En España hay casi 30.000: ex jugadores que, para no caer en la tentación y con el objeto de que les impidan la entrada en todo bingo o casino, se denunciaron a sí mismos. Además, es vicepresidente de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, que agrupa a unos 4.000 adictos.
Para él, el proyecto de Eurovegas «es una barbaridad, la ludopatía va a subir un montón. Cambiar salud por empleo es una locura y lo vamos a pagar todos. Además, si lo traen a Alcorcón y con la crisis de por medio, cuánta gente humilde va a caer en esa trampa. Es una idea terrible, y lo peor es que nadie lo dice».
