La administración de Donald Trump lanzó una escalada militar y diplomática en su nueva ‘guerra contra las drogas’, enviando un portaaviones al Caribe y sancionando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, según informó la cadena de televisión PBS. Se trata de la mayor operación militar estadounidense en la región desde 1989, cuando invadió Panamá.
En las últimas semanas, el ejército estadounidense ha realizado diez ataques con misiles desde comienzos de septiembre contra embarcaciones que el Gobierno califica como «lanchas del narcotráfico», tres de ellos en la última semana. El Pentágono anunció el despliegue del grupo de ataque del portaaviones Gerald R. Ford, con más de 6.000 militares, para «interrumpir el tráfico de narcóticos y degradar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales».
Durante el anuncio, el presidente comparó sus esfuerzos contra los cárteles de la droga con la guerra global contra el terrorismo emprendida tras los atentados del 11 de septiembre. Y también impuso sanciones al presidente colombiano Gustavo Petro, acusándolo de permitir la producción de cocaína. En respuesta, Petro recalcó los esfuerzos que está llevando durante estos últimos años en materia de políticas de drogas.
En este aspecto, observadores colombianos señalan que las sanciones son un mensaje político ante el giro del gobierno de Petro hacia enfoques de salud pública y sustitución de cultivos, en contraposición a la estrategia militar y punitiva de la Casa Blanca.
El programa de PBS recogió además las opiniones de dos personas expertas en derecho. La coronel retirada Rachel VanLandingham calificó de «criminal y absurda» la comparación con ISIS y recordó que el presidente no puede declarar la guerra sin el Congreso. En contraste, el profesor Nicholas Creel sostuvo que la ley otorga amplio margen al Ejecutivo para emplear la fuerza militar.
La ofensiva estadounidense, que mezcla militarización, sanciones y retórica antiterrorista, marca un punto de inflexión en la política regional de drogas. En Colombia, el gobierno de Petro insiste en que la salida pasa por la regulación, la justicia social y la cooperación multilateral, mientras Estados Unidos parece retomar el enfoque de la guerra contra el narcotráfico de los años noventa, ahora con un lenguaje de guerra total.
