La crisis de Ecuador es no solo dolorosa sino compleja, como intenté mostrarlo en mi última columna, porque en ella juegan tanto factores internos, que son responsabilidad de los ecuatorianos, como factores internacionales, sobre los cuales ese país y sus gobiernos tienen poco control. En esta ocasión me centro en estos últimos por cuanto considero que la crisis ecuatoriana es una nueva evidencia de los terribles costos que la prohibición de las drogas impone a muchos países y, en especial, a América Latina.
Los analistas, con distintos énfasis, coinciden en que la explosión de violencia en Ecuador, cuya tasa de homicidio pasó de 7 por 100.000 habitantes en 2020 a aproximadamente 45 el año pasado, está asociada al fortalecimiento de las bandas criminales por su mayor involucramiento en el narcotráfico internacional. El enfrentamiento entre esas bandas y de éstas con el Estado es el factor dinamizador de esta violencia. A su vez, el mayor involucramiento de Ecuador en el narcotráfico se debió esencialmente a una recomposición internacional del negocio, que permitió a esas bandas locales, en alianza con mafias transnacionales, aprovechar los puertos ecuatorianos para exportar masivamente cocaína, especialmente a Europa.
