En la persecución a los usuarios de drogas, la Justicia brasileña no respeta la Constitución Federal y actúa en connivencia con las policías para intervenir ilegalmente en las viviendas. Así lo asegura un estudio realizado por el Centro para la Justicia y el Derecho Racial de la Fundación Getúlio Vargas, en donde se analizaron más de 1.800 condenas penales en los siete estados principales del país sudamericano. Además, asegura que el 90% de los allanamientos se produjeron sin una orden judicial.
El estudio analizó casi dos mil causas judiciales de los tribunales de Bahia, San Pablo, Rio de Janeiro, Paraná, Sergipe, Goiás y Pará. En el 60% de los casos las intervenciones ilegales de la policía en los domicilios se produjeron a partir de una “denuncia anónima” sobre la presencia de sustancias prohibidas en el domicilio. El 31% de los allanamientos se originó por “patrulleros rutinarios”. El 9% restante se debe a “denuncias de transeúntes y terceros”, que puede significar vecinos.
