Quizá ha pasado un poco desapercibido, pero esta semana la Organización Mundial de la Salud ha movido una ficha importante. Ha dicho a los países europeos que la era de considerar el alcohol un patrimonio cultural o una sustancia inofensiva ha acabado.
Es mejor no engañarnos. Aquí están los datos: La Unión Europea (UE) es la subregión con mayor consumo del mundo y el cáncer es ahora también la principal causa de muerte. En 2020, el alcohol provocó 111.300 nuevos casos de cáncer en el continente.
Así lo recoge un manual de prevención, el vigésimo, publicado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), que depende de la OMS en un volumen –te dejo aquí en enlace para consultarlo íntegro– que da un tirón de orejas a los países por no aplicar políticas de salud pública para proteger a las personas del alcohol. No se anda con medias tintas: “A pesar de la creciente evidencia, estas no se utilizan lo suficiente”.
Pregunté a algunos expertos en la materia cómo estaba España y la respuesta fue: mal. No hay ninguna ley específica para reducir el consumo de alcohol en toda la población, aunque sí algunas medidas que prohíben, por ejemplo, que se anuncien bebidas con alta graduación. Mientras, cada verano seguimos queriendo vivir en los anuncios de cerveza: la amistad, la playa, las vacaciones, el buen rollo. Un idilio patrocinado por una sustancia perjudicial para la salud.
El Ministerio de Sanidad sí ha aprobado una norma para evitar que los niños, niñas y adolescentes se inicien en el consumo, aunque aún está la espera de votación en el Congreso. ¿Cómo? Básicamente atacando a todo lo que “normaliza” esta sustancia porque ahí, dicen los expertos, está la clave de cualquier política pública en este ámbito: quitarlo de la vista lo más posible y hacer difícil su acceso. De hecho, la ley prohíbe consumir alcohol de manera expresa por primera vez a los menores de edad.
“Hay que dejar de pensar solo en tratamientos y empezar a hacerlo en políticas públicas. El problema no es individual, sino un asunto de Estado. El ”bebo porque quiero“ no es verdad, hay un contexto que incita”, me decía Albert Espelt, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del grupo de trabajo sobre alcohol de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).
El manual de la IARC destaca unas cuantas medidas cuya eficacia está probada y que deberían empezar a poner en marcha ya los gobiernos:
-Aumentar los impuestos
-Fijar precios mínimos. O sea, prohibir las promociones como la happy hour
-Restringir la disponibilidad. Es decir, que se venda en menos lugares y con horarios limitados
-Elevar la edad para comprarlo o tomarlo
-Establecer monopolios gubernamentales que controlen la venta
¿Ves posible que esto ocurra en España? Somos un país productor donde el consumo, además, está muy normalizado, me advirtió Iñaki Galán, del Centro Nacional de Epidemiología (CNE): “Los gobiernos de todo el sur europeo son bastante reacios a políticas integrales y duras”. En Madrid incluso se promociona.
Lo mejor: combinar cuantas más medidas para potenciar los efectos. Subir el precio es una de las más eficaces.
Hace tres años pasó algo que dio una pista de cuán difícil podía ser caminar hacia estas políticas. Con los votos de los países del sur, la Eurocámara ‘indultó’ el vino, la cerveza y el cava en un plan europeo contra el cáncer. Se aprobaron una serie de enmiendas que suavizaron el vínculo del consumo de alcohol con el desarrollo de tumores.
Frases como estas fueron borradas: “La OMS reconoce que no existe un nivel seguro de consumo de alcohol en lo que respecta a la prevención del cáncer e insiste en la necesidad de tener esto en cuenta al diseñar y aplicar las políticas de prevención”.
Albert Espelt me contó que preguntaron a chavales y chavalas en Manresa qué significaba para ellos el consumo “responsable” y muchos dijeron que volver correctamente a casa sin haber perdido el móvil ni las llaves. “Cuanto más se consume, más se tolera, así que un consumo moderado, si se mantiene, implica que cada vez se tomará más alcohol”, asegura.
