Carlos lleva doce años trabajando en turnos de catorce días adentro y siete días afuera en una faena del norte de Chile. No trabaja para la minera. Es contratista: su empleador es una empresa de servicios que opera dentro de la faena bajo contrato con la gran compañía. Cada vez que baja al pueblo, bebe. Durante los primeros años, lo hacía los primeros dos días. Después fueron tres. Después toda la semana. Cuando volvía a la faena, pasaba los primeros dos días con temblores que nadie preguntaba de dónde venían. Su supervisor lo sabía. Su jefe de turno también. Nadie dijo nada hasta que apareció con aliento a alcohol en el control de acceso. Lo enviaron a casa ese día. Dos semanas después, recibió su carta de despido.
Carlos no tiene diagnóstico de dependencia al alcohol. Nunca se lo hicieron. Su empresa contratista no tiene programa de rehabilitación ni protocolo de derivación. Simplemente no está obligada a tenerlos. El sistema de salud pública de su ciudad tiene lista de espera de cuatro meses para atención por consumo problemático. Hoy busca trabajo en otro rubro.
Un número que las empresas conocen y prefieren no publicar
El 42% de los incidentes laborales en el sector minero de Chile están relacionados con el consumo de alcohol o drogas, según datos citados por Paz Pérez, subgerente de Salud Ocupacional de Workmed, en septiembre de 2025. A nivel general, más del 40% de los accidentes laborales graves están vinculados al consumo de alcohol o drogas, según SENDA.
El 28,4% de la fuerza laboral chilena muestra un comportamiento problemático con alguna sustancia, según el 16° Estudio Nacional de Drogas de SENDA 2024. En el sector minero, trabajar bajo turnos rotativos aumenta en un 2,6% la probabilidad de consumir sustancias, según el mismo estudio. No es un dato menor en una industria que opera con esquemas de 14 por 7, 20 por 10 y hasta 28 días de turno seguidos.
La región de Atacama registra un consumo de alcohol del 41,4% en la población adulta, por encima del promedio nacional de 34,6%, según SENDA 2022 y datos de Madero.cl 2026. En Antofagasta y Coquimbo, las regiones con mayor concentración de faenas mineras, los patrones son similares. El norte de Chile no bebe más porque quiera. Bebe más porque el contexto lo empuja.
«En el sector minero, debido a las características del rubro, es peligroso dar continuidad laboral a los casos de consumo activo y son directamente despedidos.» — Paz Pérez, Subgerente de Salud Ocupacional, Workmed Chile, 2025
Es una frase que, sin quererlo, describe el problema completo. El sistema detecta. Penaliza. Expulsa. Lo que le pasa después a esa persona queda fuera del manual.
La geografía del turno y el peso del silencio
Calama, Diego de Almagro, Copiapó. Ciudades diseñadas en torno a la faena. Con pocas alternativas de ocio, con temperaturas extremas, con la mayoría de la población masculina en edad activa rotando entre el campamento y el pueblo. Cuando bajan del turno, el alcohol es el primer recurso disponible y el más normalizado.
El modelo de turnos intensivos produce condiciones psicosociales que la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) identificó como factores de riesgo directos para el consumo problemático: horarios irregulares, trabajo por turnos, aislamiento social, baja satisfacción laboral y percepción de escaso apoyo entre pares.
La minería chilena cumple todos esos criterios. Y los cumple en zonas donde la red de atención en salud mental es precaria, donde el estigma del consumo es alto y donde la única respuesta institucional disponible es el despido.
Los trabajadores con algún tipo de adicción toman siete veces más permisos que el resto, según la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas de España. La disminución de productividad por consumo problemático afecta al 25,5% de los trabajadores. Las empresas mineras chilenas conocen ese impacto en sus propias métricas. Prefieren gestionar el problema con el despido porque es más barato y más rápido que el tratamiento.
Las mujeres que el sistema no supo recibir
La incorporación femenina a la minería chilena ha crecido de forma sostenida. El 61,7% de las mujeres del sector minero se concentran en la región de Atacama, según datos de Cochilco 2025. Pero esa incorporación llegó sin protocolos específicos de salud mental ni de prevención de consumo adaptados a sus características.
Por primera vez en la historia del estudio nacional de drogas, las mujeres superaron a los hombres en consumo de alcohol en el último mes entre escolares: 25,5% versus 20,1%, según SENDA 2023. Natalia Riffo, directora de SENDA, denominó este fenómeno ‘feminización del consumo’, asociado a menor percepción de riesgo, factores de salud mental y cambios socioculturales.
En las faenas mineras, esa tendencia se cruza con condiciones específicas. Las mujeres en minería enfrentan el mismo esquema de turnos intensivos, el aislamiento geográfico propio de las faenas remotas y el silencio institucional de siempre. Pero además cargan con el peso de ser minoría en entornos históricamente masculinos, con menor acceso a redes de apoyo entre pares y con mayor probabilidad de no reportar consumo problemático por miedo a consecuencias laborales más severas.
No existen protocolos diferenciados por género en los programas de prevención de consumo de las mineras chilenas. La evidencia internacional indica que las mujeres con consumo problemático tienen rutas de acceso al tratamiento distintas, más largas y más cargadas de estigma. El sistema no lo está contemplando.
Cómo trata Chile a quien detecta un problema
El Decreto 44 del Ministerio del Trabajo, que regula la gestión de alcohol y drogas en el trabajo, promueve un sistema integrado de prevención. Pero en la práctica, las empresas mineras definen el alcance de sus propias políticas y la mayoría las diseña desde una perspectiva disciplinaria, no sanitaria.
El procedimiento estándar en la gran minería es claro: control de acceso, test aleatorio, resultado alterado, retiro de la faena. Lo que sigue depende de quién emplea al trabajador. Codelco tiene desde 2003 una Política Corporativa sobre Alcohol, Drogas y Tabaco construida con mesa tripartita entre empresa, sindicatos y trabajadores, con respaldo de la OPS/OMS y la OIT. Su estándar corporativo establece que cualquier trabajador que reconozca un problema de adicción puede ser incorporado, por una sola vez, a un programa de rehabilitación con confidencialidad médica garantizada. BHP Chile tiene programas similares de derivación asistida con acceso a tratamiento financiado por la empresa. Algunas compañías contratistas grandes también los tienen. El problema es que las empresas contratistas medianas y pequeñas, que representan una parte importante de la fuerza laboral minera, no tienen esa infraestructura. Y para ellas, el protocolo sigue siendo el despido.
La red pública de atención en las ciudades del norte tiene listas de espera de semanas o meses para personas con dependencia. SENDA Previene opera en comunas mineras, pero con recursos insuficientes para la escala del problema. El decreto 44 no tiene mecanismos de fiscalización efectivos. Y el resultado es que la persona con consumo problemático queda entre dos instituciones que la expulsan: la empresa que la despide y el sistema de salud que la pone en lista de espera.
«La mayor parte de las empresas no reaccionan hasta que se produce una crisis originada por el grave comportamiento del trabajador. Cuando las circunstancias obligan a tomar decisiones, pueden ser excesivas, con sanciones disciplinarias que con frecuencia excluyen más al dependiente.» — Scielo España, Consumo de alcohol y otras drogas en el medio laboral
Lo que hacen otros países con el mismo problema
Alemania implementó el programa de prevención ‘Top on Job’, financiado parcialmente por el Estado y dirigido a trabajadores jóvenes en sectores de riesgo. El programa interviene antes de que el consumo escale a dependencia, con consejería individual en el lugar de trabajo y sin consecuencias disciplinarias, según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
En España, el Plan Nacional sobre Drogas establece que las adicciones son enfermedades y que los trabajadores con problemas de consumo tienen los mismos derechos de apoyo que cualquier persona con una patología física. Los sindicatos tienen protocolos negociados donde la detección de consumo activa un proceso de acompañamiento clínico antes que uno disciplinario.
Australia, con una industria minera de escala comparable a la chilena y con modelos de turno similares, tiene programas de Employee Assistance Programs (EAP) obligatorios en las grandes mineras, que incluyen acceso confidencial a tratamiento por dependencia sin consecuencias laborales. La tasa de accidentes vinculados al consumo en la minería australiana bajó un 34% en la década posterior a la implementación masiva de esos programas.
Los tres tienen algo que Chile no tiene: la convicción de que un trabajador con dependencia es un paciente antes que un riesgo operacional. Mientras esa convicción no llegue a las faenas del norte, el protocolo seguirá siendo el mismo. Detectar. Despedir. Olvidar.
El costo que nadie calcula
La minería aporta entre el 10 y el 15% del PIB chileno en años de precios altos. Es la industria que sostiene la economía del país. Y lleva años ignorando un problema de dependencia que sus propias estadísticas de accidentes dejan al descubierto.
La UNODC estimó en su Informe Mundial de Drogas 2025 que solo 1 de cada 12 personas con trastorno por consumo de drogas recibió algún tipo de tratamiento en 2023. En Chile ese ratio es similar. Las personas que caen fuera del sistema productivo por consumo problemático no solo dejan de producir. Consumen recursos de salud en estados de mayor deterioro, generan impacto en sus familias y alimentan el ciclo que SENDA intenta romper con presupuesto insuficiente.
Las familias que buscan orientación para un trabajador con dependencia al alcohol tienen cada vez menos lugares a los que acudir. Plataformas como SinAdicciones.org cubren parte de ese vacío con información sobre centros de rehabilitación verificados y asesoría gratuita. Pero la solución estructural no puede depender de iniciativas civiles.
Carlos sigue buscando trabajo. La faena sigue operando. Y el turno largo sigue siendo el mismo.
Ricardo Manzur Carrasco es periodista con más de 20 años de experiencia, ex editor nacional de La Cuarta. Especialista en comunicación de salud mental y adicciones. Certificado por OPS/OMS y SENDA en neurobiología del consumo y política de drogas. Completó un proceso formal de recuperación de dependencia severa al alcohol.
Fuentes
SENDA — 16° Estudio Nacional de Drogas en Población General (ENPG 2024), diciembre 2025
SENDA — 15° Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 2023
Workmed Chile / Reporte Minero — Paz Pérez, Subgerente de Salud Ocupacional, septiembre 2025
Madero.cl — Consumo de alcohol en el norte de Chile, mayo 2026
Cochilco — Participación femenina en la minería chilena, 2025
Diario Financiero — Cerca del 30% de los trabajadores en Chile tiene consumo problemático de drogas, 2024
EU-OSHA — Lugares de trabajo y drogas: respuestas sanitarias y sociales
UGT España — Guía protocolo prevención adicciones en ámbito laboral
Scielo España — Consumo de alcohol y otras drogas en el medio laboral
UNODC — Informe Mundial sobre las Drogas 2025
CMP — Procedimiento Operativo de Alcohol, Drogas y Tabaco, versión 3, 2024



