Los padres de los menores de edad serán responsables solidarios de las infracciones y las sanciones que recaigan sobre sus hijos cuando estos infrinjan la Ley Antibotellón o cuando sean sorprendidos haciendo grafitis o pintadas en la vía pública.
Así consta en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2011 que ha aprobado este jueves el Gobierno de la Comunidad de Madrid y en el que, a petición del Ayuntamiento de Madrid, se ha recogido esta disposición, que afecta a las familias de losmenores de 14 a 18 años que incumplan las citadas normas.
En el caso de las pintadas, los padres y madres de los menores infractores responderán tanto de la multa como del coste de lareparación de los daños ocasionados por los grafitis en la vía pública.Las multas en la capital por grafitis ascienden hasta los 3.000 euros.
En cuanto a las sanciones por hacer botellón, se suman a las relacionadas con el ruido en la vía pública y por infringir la normativa medioambiental.
Asimismo, el Proyecto de Ley de Acompañamiento transfiere a los ayuntamientos las competencias en materia sancionadora que hasta ahora eran autonómicas, al considerar que las administraciones municipales son mas cercanas al hecho que se sanciona.
Hasta ahora, las infracciones por botellón eran gestionadas por la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, que ante el gran número de denuncias sólo llegaba a ejecutar el 10%.
Además, la sanción económica era conmutada la mayoría de las veces por un curso de conciencación. Si ahora los menores son «cazados» bebiendo en las calles de la capital, sus padres deberán enfrentarse a dos multas, una por beber en la calle, de hasta 300 euros y otra de 300 a 600 por hacer ruido, según la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid que será aprobada en diciembre.
Otra de las novedades del proyecto de Ley -cuyas principales medidas son la reducción de un centenar de empresas y organismos públicos y de un buen número de liberados sindicales- es la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad.
Con ello será posible simplificar los trámites urbanísticos y de gestión al permitirse realizar cambios de clasificación y de categoría a través de modificaciones puntuales de los planes urbanísticos.
