Costa Rica ha presentado su nueva Política y Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo 2026-2035, una estrategia que orientará la actuación del país durante la próxima década. El documento aborda la prevención, la atención y el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas, junto con medidas relacionadas con el narcotráfico, el control de precursores químicos y la prevención del blanqueo de capitales.
La presentación tuvo lugar el 5 de noviembre y estuvo a cargo del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Según explica el organismo, la política se elaboró mediante un proceso participativo entre distintas instituciones del Estado, con asistencia técnica de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD/OEA).
La estrategia incorpora un enfoque territorial para adaptar las respuestas a las características y necesidades de las distintas comunidades. Se estructura en cuatro ejes: prevención, atención y tratamiento integral del consumo de sustancias; control de precursores químicos y equipos utilizados en la producción ilícita de drogas; lucha contra el narcotráfico y delitos relacionados; y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La nueva política llega después de una evaluación de las actuaciones desarrolladas entre 2005 y 2025, realizada con la colaboración del programa COPOLAD III. El análisis, difundido por el ICD en noviembre de 2025, señalaba que las políticas de drogas del país habían evolucionado desde un enfoque centrado principalmente en la seguridad hacia otro que incorpora la salud pública, los derechos humanos y la coordinación entre instituciones.
La evaluación también identificaba cuestiones pendientes, como mejorar los programas de tratamiento teniendo en cuenta las diferencias de género, edad y diversidad, garantizar recursos suficientes para ofrecer una atención de calidad y reforzar las intervenciones de reducción de riesgos y daños adaptadas a las necesidades de cada comunidad. Estas recomendaciones corresponden a la evaluación de las políticas anteriores y no deben confundirse con medidas ya implantadas dentro del nuevo plan.
