“Necesitamos un centro para nosotras solas”: la Junta cierra la única residencia para mujeres con adicciones de Andalucía

Con el riesgo creciente por incendios, las trabajadoras confiaron que sería un traslado solo veraniego. “En la confianza de que el riesgo era real, pensábamos ingenuamente que podía tener sentido movernos en verano”, cuenta una trabajadora. Sin embargo, con el paso de las semanas aquella decisión aparentemente provisional fue cristalizando en algo definitivo, coincidiendo con el traslado de las competencias. El servicio está ahora adscrito a la Consejería de Sanidad, en manos de Antonio Sanz, mientras que la ASSDA, dependiente de la Consejería de Servicios Sociales e Igualdad, está encargada de la gestión del personal.

En estas semanas, nadie ha comunicado nada a los trabajadores, según denuncian. “Todo ha sido silencio y mutismo”, denuncia la trabajadora. Hasta que este miércoles, sin que ellas supieran nada, el cierre definitivo se aborda en una reunión del gerente de ASSDA con los sindicatos, con remate final: “Dicen que cierran y que no contemplan la reubicación del recurso”.

“Como trabajadoras estamos perplejas, indefensas y vulnerables, hay una falta de legalidad total y absoluta. Nos dijeron que nos iban a trasladar, pero ¿en qué condiciones? ¿A otra provincia? Hay un ocultismo total, desde el 4 de agosto hasta el miércoles”, lamenta. La puntilla ha llegado un día después. Esto va rápido: en una comunicación al Comité de Empresa, ASSDA comunica que inicia ya el “procedimiento de traslado colectivo” de todos los trabajadores por el cierre del centro.

En atención a este medio, fuentes de la Consejería de Loles López indican que los trabajadores “están cobrando su salario” y se abrirá un proceso negociador obligatorio “para reubicarlos”, confirmando así el cierre definitivo. La alternativa, dice la trabajadora, es el paro con una indemnización de veinte días por año trabajado y un máximo de doce mensualidades.

“Sin la ayuda de Mijas, sé que me hubiera muerto”

Candelaria es una de estas pacientes más vulnerables. Pasó 11 meses en la Comunidad Terapéutica de Mijas, situada en el diseminado de Entrerríos, y salió el pasado marzo tras recibir apoyo, orientación y recursos para acabar con ocho años de drogodependencia. “Los profesionales del equipo terapéutico confiaron en mí cuando ni yo misma lo hacía, hora tras hora, ayudándome a gestionar el dolor y el fracaso que me habían llevado al consumo tras tanto tiempo de destrucción”, relata a este periódico. “Sin la ayuda en Mijas, sé que me hubiera muerto”.

La malagueña vivió una relación de maltrato que no denunció, pero los daños físicos y psicológicos que vivió la arrastraron a una depresión. Ahí fue cuando empezó a consumir para “anestesiarse”. Poco a poco, perdió su trabajo como encargada en una tienda de ropa, su casa y, finalmente, la custodia de su hijo. Intentó salir del círculo de la adicción a través de dos programas diferentes de desintoxicación, primero en un centro de Huelva y luego en otro que la obligó a trasladarse a Cádiz, pero no logró remontar y, en ambos casos, abandonó la terapia. Una de las razones fue, en la primera atención, porque empezó una relación sentimental con uno de los trabajadores.

“Un centro dedicado solo a mujeres nos hace centrarnos en nuestra recuperación, porque cambiamos una adicción por otra. Yo cambié la adicción por las sustancias por la adicción a una relación tóxica”, explica sobre la importancia de que en este recurso se atienda solo a mujeres. “Estar con hombres nos complica muchísimo la recuperación: nos centramos en estar guapas, por ejemplo, en la atención, pero en Mijas me dieron las herramientas necesarias para recuperar mi vida e identificar estas nuevas adicciones”, como las compras, el sexo o, incluso, la toma de café, que debió reducir cuando cayó en la cuenta de que lo estaba tratando de forma compulsiva.

“Es un proceso complicado que, por desgracia, no todo el mundo puede superar”, expone la afectada, que ha convivido con mujeres que han vivido en situación de calle. A la adicción, le suma la vergüenza que sintió por la pérdida del control sobre su vida, la exposición pública y el hecho de ser mujer adicta, una cuestión sobre la que sigue pesando el estigma social. “Al principio, preferí estar fuera de Málaga. No quería que nadie se enterase. Pero han pasado varios años sin haber estado junto a mi hijo, que me necesitaba estando sana”, reflexiona.

Al volver, encontró al mismo tiempo las fuerzas para proseguir en su recuperación como las propias sombras del pasado: “Estar en Mijas me ha hecho estar cerca de mi hijo y, también, de un entorno cercano al consumo, sitios, personas… Pero en el centro me dieron herramientas para gestionar estas situaciones incómodas. Es un mal trago, tanto por la sensación de vergüenza como de pena, de verte a ti misma hace 11 meses, de ver al otro, con el que consumías, pero he podido seguir”. Con el apoyo de los especialistas, aprendió a afrontar estas posibles recaídas. Hoy en día cuenta con el Ingreso Mínimo Vital, que le ayudaron a gestionar, y disfruta de actividades tan cotidianas como diversas, ya sea el yoga, el teatro, el voluntariado o retomar los estudios para encontrar un nuevo trabajo. “Es fundamental que no se pierda este recurso para mujeres”, reitera.

“Quieren acabar con un recurso especializado y público”

“Hay alevosía, de un plumazo quieren acabar con un recurso especializado y el único totalmente público en toda Andalucía. Damos cobertura a mujeres en la red viogén con personal especializado desde el año 2000”, explica la trabajadora.

En consonancia, Carrillo, delegado de CGT en la ASSDA, incide en que el cierre definitivo de la Comunidad Terapéutica de Mijas es una cuestión que se viene gestando desde la entrada del PP en la Junta de Andalucía, ya que supuso un cambio en la atribución de las competencias desde la cartera de Servicios Sociales a Sanidad. En 2019 se dieron los primeros pasos para que la titularidad pasara tras algunos intentos infructuosos y, finalmente, en 2021 había una dificultad mayor: la falta de personal sanitario en los centros públicos, en los que debe haber, como mínimo, un médico, un ATS, un psicólogo, un trabajador social, un personal de oficio para tareas de cocina, limpieza y/o mantenimiento, y un monitor ocupacional.