Hace tiempo que me ronda una pregunta incómoda sobre Barcelona. No es si la ciudad ha dejado de tener políticas sociales, porque evidentemente no es así. Tampoco si la seguridad, la limpieza o la convivencia han dejado de ser preocupaciones legítimas. Lo son, y cualquier política urbana responsable debe atenderlas.
La pregunta es otra: ¿está cambiando la forma en que gobernamos las expresiones más visibles de la exclusión?
No sostengo que se haya producido una sustitución completa de un modelo por otro. Las políticas urbanas son mucho más contradictorias y complejas. Me interesa observar si se está desplazando su centro de gravedad: de gestionar socialmente las necesidades y los conflictos a gestionar cada vez más su localización, su visibilidad y, en algunos casos, la propia presencia de las personas que los encarnan.
Durante años, Barcelona fue capaz de asumir una idea que no siempre resultaba cómoda: los problemas sociales complejos no desaparecen porque los hagamos menos visibles. Hay que intervenir sobre ellos y construir respuestas que combinen salud, derechos, convivencia y acción comunitaria.
En el ámbito de las drogas esto se vio con especial claridad. La apertura de servicios de reducción de daños y de salas de consumo supervisado significó aceptar que el consumo existía, que una parte se producía en el espacio público y que expulsarlo de una calle no lo hacía desaparecer. La ciudad debía llegar hasta donde estaban las personas.
Había conflictos, oposición vecinal, concentraciones problemáticas, errores y decisiones discutibles. No conviene idealizar aquel modelo. Pero su punto de partida era distinto: la complejidad social debía ser digerida por la ciudad, no expulsada fuera de su campo de visión.
Hoy tengo la impresión de que este principio se está debilitando. Ocurre cuando un servicio empieza a ser percibido principalmente por las molestias que genera en su entorno; cuando la concentración de personas sin hogar deja de leerse sobre todo como un fracaso de las políticas de vivienda y protección y pasa a tratarse como un problema de uso del espacio público; o cuando ante una escena de consumo la pregunta principal deja de ser cómo reducimos los daños y pasa a ser cómo conseguimos que deje de producirse allí.
Es un cambio pequeño en las palabras. Pero puede ser enorme en sus consecuencias.
Cuando la política social se convierte en política de localización
Massimo Pavarini analizó hace años parte de este proceso desde la criminología crítica. Su aportación sigue siendo especialmente útil porque cuestiona una idea aparentemente evidente: que la inseguridad urbana sea un problema autónomo al que corresponde una respuesta esencialmente policial.
Para Pavarini, bajo la categoría de seguridad se acumulan fenómenos muy distintos: delincuencia, miedo, conflictos por el uso del espacio público, degradación urbana, desigualdad, precariedad o deterioro de los mecanismos de protección social. Cuando disminuye la capacidad de las políticas sociales para gestionar estos conflictos, la seguridad puede acabar ocupando el espacio que deja el Estado del bienestar.
La presencia de una persona consumiendo drogas puede generar preocupación. Una persona durmiendo durante días en un portal puede provocar un conflicto real. La acumulación de residuos relacionados con el consumo requiere una respuesta. La venta de drogas, una agresión o una situación de explotación exigen intervenciones específicas.
Pero no son el mismo fenómeno.
Cuando todo queda agrupado bajo conceptos como inseguridad, degradación o incivismo, corremos el riesgo de que también la persona quede definida por el problema que se le atribuye. La intervención puede dejar entonces de dirigirse al conflicto para dirigirse a su presencia.
Pavarini lo observó en relación con las drogas en Bolonia. Ante un mercado abierto que la policía difícilmente puede hacer desaparecer, la acción represiva sí tiene una notable capacidad para modificar su geografía. Las personas se mueven, los puntos de venta cambian de calle y las escenas de consumo se dispersan o concentran en otros lugares.
Es lo que definió como una lógica de dislocación territorial.
Mover un problema puede terminar pareciéndose mucho a resolverlo cuando el principal indicador de éxito es su visibilidad.
La prohibición de la pobreza
Aquí aparece una cuestión todavía más profunda. Podríamos hablar de una cierta prohibición de la pobreza.
No porque una ordenanza prohíba formalmente ser pobre. La cuestión es más material.
Quien dispone de una vivienda duerme, descansa, guarda sus pertenencias, se asea, come, va al baño, consume alcohol u otras sustancias y pasa buena parte de su vida lejos de la mirada pública.
Quien vive en la calle no tiene esa posibilidad. Debe hacer en público parte de lo que los demás hacemos en privado.
Por eso algunas regulaciones del espacio público pueden tener efectos profundamente desiguales aunque formalmente se apliquen a todo el mundo. Prohibir dormir en un lugar no afecta igual a quien vuelve a casa por la noche que a quien no tiene ninguna casa a la que volver.
Don Mitchell lo planteó de forma especialmente contundente en The Annihilation of Space by Law: si una persona carece de espacio privado y, al mismo tiempo, se le van prohibiendo los lugares públicos donde puede desarrollar actividades indispensables para vivir, termina desapareciendo el espacio en el que esa persona puede existir legítimamente.
Tamar Pitch llega a una preocupación similar a través del concepto de decoro. El decoro puede dejar de ser simplemente una idea sobre el cuidado de la ciudad para convertirse en un criterio que distingue entre usos, comportamientos y presencias adecuadas y aquellas otras consideradas indeseables.
Aquí el clasismo no necesita expresarse de manera explícita. Nadie tiene que afirmar que las personas pobres tienen menos derechos. Basta con que determinadas formas de pobreza sean consideradas incompatibles con determinados espacios de la ciudad.
La cuestión deja de ser únicamente qué hace una persona. Empieza a importar también quién es, cuánto tiempo permanece allí y qué relación guarda su presencia con los usos que consideramos normales o deseables de la ciudad.
Esto ayuda también a comprender la relación entre exclusión social y transformación urbana. Pavarini señala la tensión entre la ciudad habitada y una ciudad cada vez más orientada a ser consumida: turismo, actividad comercial, ocio, inversión, revalorización inmobiliaria. En este contexto, algunas presencias pueden empezar a ser percibidas como una interferencia en los usos previstos para determinados territorios.
Neil Smith analizó procesos similares desde la noción de revanchist city: la ciudad que recupera determinados espacios para los usos y grupos sociales considerados legítimos o económicamente deseables. Loïc Wacquant, desde otra perspectiva, ha relacionado la gestión punitiva de la marginalidad con el retroceso de los mecanismos de protección social.
No siempre adopta formas espectaculares. A veces es simplemente una sucesión de pequeñas decisiones.
Un banco que desaparece.
Una persona a la que se obliga una y otra vez a desplazarse.
Un asentamiento que se desaloja.
Un servicio que acaba situándose cada vez más lejos del lugar donde es necesario.
Una escena de consumo que se dispersa.
Una zona que queda «recuperada».
Y la misma persona vuelve a aparecer unas calles, unos barrios o unos kilómetros más allá.
Desplazar no es neutro
Podríamos pensar que, aunque estas intervenciones no resuelvan las causas de fondo, al menos reducen un problema puntual. Pero el desplazamiento también produce efectos.
Cuando afecta a personas que viven en la calle puede significar perder documentación, medicación, ropa, teléfonos, material de higiene u objetos necesarios para dormir. También se rompen relaciones informales de apoyo y se dificulta que los equipos sociales y sanitarios vuelvan a localizar a la persona.
En quienes consumen drogas, el consumo puede trasladarse a espacios más ocultos o aislados. Disminuyen las posibilidades de que alguien detecte una sobredosis o pida ayuda y puede empeorar el acceso a naloxona, material estéril, salas de consumo y otros recursos.
La literatura sobre risk environment, desarrollada por Tim Rhodes, mostró hace años que los riesgos asociados al consumo no dependen únicamente de las decisiones individuales. También los producen los entornos físicos, sociales, económicos y políticos.
Una intervención sobre el espacio puede, por tanto, modificar el riesgo. La literatura disponible muestra que las restricciones territoriales, el control policial del espacio y los desplazamientos forzados pueden dificultar el acceso a los servicios, alterar los entornos de consumo, debilitar medidas de protección y producir otras consecuencias negativas para la salud.
Esto no significa que cualquier desalojo produzca necesariamente estos efectos ni que nunca sea posible intervenir sobre un asentamiento que presenta problemas graves. Significa algo más elemental: el desplazamiento no es una intervención sanitaria ni socialmente neutra.
Y debería evaluarse también por lo que ocurre con las personas desplazadas.
Lo ocurrido recientemente en Montjuïc es difícil de separar de esta discusión. La concentración de personas sin hogar, muchas de ellas con consumos de drogas y otras vulnerabilidades acumuladas, no ha aparecido de la nada. Existe una geografía de la exclusión.
Cuando se desalojan determinados espacios sin alternativas suficientes, las personas se mueven. Algunas unos metros; otras buscan lugares progresivamente más apartados, con menos servicios, transporte y capacidad para activar ayuda.
Tras el desalojo de finales de julio, la Federació Catalana de Drogodependències advertía que la presencia de personas sin hogar y con consumos de drogas no podía abordarse únicamente como una cuestión de seguridad, orden o convivencia. Vivienda, pobreza, salud, exclusión social y dificultades de acceso a los servicios forman parte del mismo problema.
Según la información recogida posteriormente por los equipos de intervención, una parte de las personas se desplazó montaña arriba, más lejos de los servicios básicos, mientras otras simplemente se instalaron en la acera de la misma zona desalojada.
Cuesta encontrar una imagen más clara de la dislocación territorial de la que hablaba Pavarini: desaparece la situación de un espacio concreto, pero las personas siguen existiendo.
Los servicios de proximidad también son política urbana
Los servicios de baja exigencia y reducción de daños son una cuestión urbana y social, no únicamente sanitaria.
La experiencia europea muestra que las salas de consumo supervisado, los centros de baja exigencia, los dispositivos móviles y el trabajo de calle reducen sobredosis, infecciones y otros daños, pero también pueden disminuir el consumo en la vía pública, los residuos y determinados conflictos.
No son un problema añadido a la ciudad. Forman parte de la infraestructura necesaria para gestionar problemas que ya existen.
Por eso importa también dónde se ubican y cómo se distribuyen. Una red territorial suficiente mantiene la proximidad con las personas, permite adaptarse a escenas de consumo cambiantes y evita concentrar toda la demanda en pocos equipamientos o territorios. Desplazar los recursos hacia zonas periféricas puede resultar aparentemente más sencillo para gestionar el conflicto, pero reduce su accesibilidad y puede reforzar la segregación de las mismas poblaciones que se pretende atender.
Cuando aumentan el sinhogarismo, los consumos intensivos y las situaciones de vulnerabilidad acumulada, parecería razonable reforzar precisamente la capacidad de los servicios para salir, detectar, vincular, acompañar y trabajar allí donde están las personas.
La reducción de daños no puede reducirse a su dimensión estrictamente sanitaria. Su aportación ha sido también social, comunitaria y de proximidad: llegar a quienes quedan fuera de los circuitos convencionales, generar vínculos y facilitar el acceso a derechos y servicios.
Si al crecer las necesidades alejamos simultáneamente a las personas y los recursos que pueden atenderlas, podemos producir una paradoja difícil de justificar: hacer menos visible la vulnerabilidad al mismo tiempo que la hacemos más difícil de atender.
Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
Los cambios descritos pueden vincularse fácilmente al auge contemporáneo de la extrema derecha. Y no sería una lectura infundada. Los discursos que asocian inmigración, inseguridad, degradación y pérdida de control han ganado presencia, y propuestas que hace no tantos años ocupaban posiciones periféricas disfrutan hoy de mayor legitimidad política.
Pero explicar el cambio únicamente por la presión de la extrema derecha sobre el resto de las fuerzas políticas sería demasiado simple.
Juan Roch y Álvaro Oleart ofrecen una interpretación especialmente útil en su reciente trabajo sobre lo que denominan far-righting the mainstream. Su tesis es que los partidos tradicionales no son simples receptores pasivos de ideas producidas por la extrema derecha. El propio mainstream puede generar, legitimar e implementar agendas reaccionarias a partir de dinámicas internas, también desde fuerzas de centroizquierda.
Esta mirada obliga a remontarnos más atrás en el tiempo
Roch y Oleart describen un mainstream socialdemócrata posterior a la Segunda Guerra Mundial, un giro neoliberal desde finales de los setenta y una nueva fase, especialmente visible desde 2016, en la que soberanía, frontera, autoridad y restricción migratoria ganan peso. Tampoco idealizan el primer periodo: aquel Estado del bienestar ya estaba atravesado por exclusiones de clase, raza, género y origen.
La socialdemocracia europea tampoco quedó al margen del giro neoliberal. La denominada Tercera Vía asumió una mayor orientación hacia el mercado, redujo el peso de la redistribución como eje del conflicto político y replanteó el papel del gasto y de la intervención públicos.
Después llegó, con especial intensidad a partir de la crisis de 2008, la austeridad.
Conviene no entenderla únicamente como una sucesión de recortes presupuestarios. La austeridad también es una forma de administrar la escasez. Servicios que responden a necesidades crecientes con recursos muy ajustados. Equipamientos saturados. Profesionales obligados a priorizar continuamente. Redes que no crecen al mismo ritmo que los problemas que deberían atender.
La política social puede acabar acostumbrándose a gestionar el límite.
En el ámbito urbano esto tiene otra consecuencia. Abrir un nuevo servicio puede dejar de percibirse únicamente como respuesta a una necesidad y empezar a verse también como posible factor de atracción o concentración de población vulnerable. Una suerte de “efecto llamada” aplicado a la pobreza.
Aparece entonces la resistencia a ampliar determinadas redes, la tentación de alejar los recursos de los espacios más tensionados o de redistribuir territorialmente la presión sin incrementar suficientemente la capacidad social, residencial y sanitaria.
La paradoja resulta difícil de ignorar: cuanto mayores son las necesidades, más costoso políticamente puede resultar construir las infraestructuras sociales necesarias para atenderlas.
Pero aquello que no atendemos no desaparece. Se hace más visible.
La crisis de 2008, la austeridad, la crisis de la vivienda, el encarecimiento de la vida y el aumento de las desigualdades forman parte, para Roch y Oleart, del terreno sobre el que se produce el giro político actual. En ese contexto, determinados grupos —especialmente las personas migrantes— pueden convertirse en una explicación visible de un malestar cuyas causas estructurales son mucho más difíciles de afrontar.
Aquí las lecturas de Roch y Oleart y Pavarini empiezan a encontrarse: cuando se debilita la capacidad de gobernar socialmente un conflicto, aumenta la tentación de gobernar sus consecuencias. Y una forma de hacerlo es gobernar dónde pueden estar determinadas personas.
No son fenómenos equivalentes. Una política migratoria de expulsión, el desalojo de un asentamiento, la dispersión de una escena de consumo o la localización de un servicio responden a marcos jurídicos, instituciones y decisiones diferentes.
Lo que interesa observar es si, pese a estas diferencias, avanza una racionalidad compartida: gestionar problemas sociales complejos mediante la localización, separación o invisibilización de las poblaciones que los hacen visibles.
La cuestión de clase
Esta transformación tiene una dimensión clasista que a veces cuesta reconocer porque no adopta el lenguaje tradicional del clasismo.
Puede coexistir perfectamente con políticas avanzadas en igualdad de género, diversidad sexual, sostenibilidad ambiental o lucha contra determinadas discriminaciones. El problema aparece cuando el universalismo se debilita ante quienes acumulan más elementos de rechazo social.
La persona vulnerable que encaja en los circuitos habituales sigue siendo percibida como alguien a quien proteger. Quien acumula consumo intensivo, sinhogarismo, sufrimiento psíquico, irregularidad administrativa o conflictos de convivencia y, además, no encaja en las alternativas que el sistema es capaz de ofrecer puede empezar a ser visto de otra forma.
Ya no es solo vulnerable. Se convierte en problemático.
La persona migrante puede pasar de sujeto de inclusión a objeto de control; quien consume drogas, de sujeto de salud a problema de orden; quien vive en la calle, de persona privada del derecho a la vivienda a presencia inadecuada en el espacio público.
No hace falta una decisión consciente de excluir. La segregación puede ser el resultado acumulativo de muchas decisiones aparentemente razonables.
Quizá sea esta una de las formas contemporáneas más sutiles del clasismo: aceptar la pobreza siempre que no interfiera demasiado en la ciudad de los demás.
Ni ingenuidad social ni simplificación punitiva
Criticar estas dinámicas no obliga a negar los conflictos. Hay espacios públicos sometidos a una enorme presión. Hay vecinos que sufren ruido, amenazas, suciedad o situaciones muy difíciles de sostener. Hay venta de drogas, violencia, explotación y actividades delictivas sobre las que es necesario actuar.
Una política basada en derechos que sea incapaz de reconocer estos problemas tampoco es una buena política.
La cuestión es si la expulsión de las personas debe convertirse en el principal instrumento para resolverlos.
No es lo mismo intervenir ante una agresión que intervenir contra una presencia.
No es lo mismo reducir la presencia de residuos que hacer desaparecer a las personas que los generan.
No es lo mismo perseguir una actividad delictiva que dispersar una escena de consumo.
No es lo mismo recuperar un espacio que decidir, de facto, quién tiene derecho a estar en él.
Y no es lo mismo reducir un conflicto que trasladarlo a otro barrio.
Volver a gestionar riesgos, derechos y convivencia
Barcelona no necesita elegir entre seguridad y derechos, entre vecinos y personas vulnerables o entre espacio público y servicios sociales. Son problemas que solo pueden abordarse combinando políticas.
La alternativa tampoco consiste en permitir que cualquier situación se cronifique en nombre de la tolerancia.
La ciudad necesita vivienda y alojamiento de baja exigencia, Housing First y otros modelos residenciales; una red suficiente y distribuida de reducción de daños, salas de consumo supervisado, centros de día y dispositivos móviles; y equipos de calle capaces de vincularse con personas muy alejadas de los servicios.
Necesita también mediación comunitaria, mantenimiento de los espacios, interlocución estable con el vecindario y capacidad para actuar rápidamente ante los conflictos.
Y necesita policía. Pero con una función clara: intervenir ante violencia, amenazas, explotación, tráfico y conductas delictivas, no convertirse en el instrumento ordinario para gestionar pobreza, sinhogarismo o adicción.
La evidencia europea apunta precisamente a combinar salud, reducción de daños, vivienda, servicios sociales, mediación e intervención policial delimitada. Y obliga a evaluar una actuación más allá de la desaparición del problema de un lugar concreto.
Después de un desalojo deberíamos saber algo más que cómo ha quedado el espacio: dónde duermen las personas, si siguen vinculadas a los servicios, si pueden mantener sus tratamientos y si el conflicto y los riesgos han disminuido o simplemente han cambiado de lugar.
En definitiva: si hemos reducido vulnerabilidad o solo visibilidad.
Quizá sea esta la discusión que Barcelona necesita recuperar. No como nostalgia de un modelo anterior, que también tuvo muchos límites, sino como una reorientación:
pasar de un gobierno urbano de la visibilidad y la expulsión a una gestión compartida de los riesgos, los derechos y la convivencia.
Una ciudad segura no es aquella donde la pobreza resulta más difícil de ver.
Es la que reduce las condiciones que obligan a las personas a vivirla.
Y una política pública no resuelve la exclusión cuando consigue que las personas excluidas desaparezcan de un espacio.
A veces, simplemente las ha desplazado.
Referencias
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