La semana pasada arrancó en Oakland (California) uno de los juicios más ambiciosos contra una tecnológica hasta la fecha. 29 estados acusan a Meta de haber diseñado Facebook e Instagram para generar dependencia, reclamando hasta 1,4 billones de dólares, cifra equivalente a la capitalización bursátil de la compañía. La fiscalía sostiene que Meta aseguró reiteradamente a familias y responsables políticos que sus plataformas eran seguras mientras sus propias investigaciones internas apuntaban a lo contrario.
El funcionamiento de estas plataformas tiene una lógica económica sencilla; cuanto más tiempo pasamos en ellas más datos se generan, mejor se conoce al usuario y mejor se le venden los productos. Scroll infinito, autoplay, notificaciones constantes o recomendaciones hiperpersonalizadas no son casuales, son estrategias construidas con el objetivo principal de maximizar el beneficio económico de los propietarios de estas plataformas privadas. Frente al litigio de Meta, centrado en compensar económicamente un daño ya producido, la Comisión Europea plantea otro tipo de respuesta: exigir a TikTok modificar directamente estas herramientas, los algoritmos de las plataformas, ya que considera que están diseñadas para el beneficio económico y generando unas consecuencias desastrosas en la salud mental de las personas, en las relaciones sociales y en la forma como percibimos el mundo.
Si observamos los sucesivos litigios que se han dado contra estas plataformas, vemos que además suelen centrarse en los menores, porque como sociedad estamos más dispuestos a aceptar la regulación en su defensa, y hay leyes más garantistas que permiten sostener los litigios de este tipo. Pero el problema no está en los menores, el problema es global y nos afecta a todas. La fragmentación en burbujas informativas, la exposición a la radicalización, la desinformación o la dependencia afectiva a la conexión constante atraviesan a toda la población, en buena medida porque gran parte de la comunicación social está ya mediada por estas plataformas. Precisamente por eso, aplicar medidas regulatorias que solo limiten el acceso de los menores no resuelve el problema de fondo, y por el camino excluimos a los menores de 16 años del principal espacio de conversación actual, lo que puede leerse como un ataque a su derecho a participar en el mundo en el que habitan.
Lo mismo ocurre con el acoso que prolifera en estas plataformas. El acoso no es una función buscada por las plataformas, sino la consecuencia de un diseño que prioriza el máximo de interacciones y la vinculación por encima de cualquier otra consideración, generando un terreno fértil donde el acoso se extiende de nuevas formas. Y, como el resto de daños mencionados, tampoco entiende de edades.
Las regulaciones sobre el acceso de menores a redes sociales han sido noticia en los últimos meses y años en diferentes países del mundo. Para poder evaluar los impactos de estas medidas nos podemos fijar en Australia, uno de los pioneros. En diciembre de 2025 entra en vigor la ley que prohibe el acceso a menores de 16 años a las redes sociales en Australia. Recientemente han salido diferentes informes que evalúan los resultados de la medida, entre ellos un estudio publicado en British Medical Journal demuestra que no se ha reducido significativamente el acceso de los menores a estas plataformas. Artículos en prensa nos han explicado con ejemplos concretos cómo los adolescentes se saltan los filtros haciendo el proceso de verificación de edad con fotografías de sus padres, u otros adultos, frente a la cámara en cuestión de minutos. El acceso de los menores se sigue dando, pero ahora es clandestino. Esto expone a los menores a contenidos sin filtros por su edad, desresponsabiliza a las plataformas de permitir ciertos contenidos porque ya no tienen acceso los menores, y dificulta la denuncia que estos menores puedan hacer sobre las violencias que puedan vivir en esos espacios, porque “no deberían de haber entrado”, desplazando socialmente la responsabilidad del la plataforma a los menores y sus tutores.
El patrón de que una empresa, conociendo los riesgos de su producto, decida ocultarlos a la población y al debate público no es nuevo. Hace tres décadas, la industria tabacalera fue obligada a pagar sumas récord y a restringir su publicidad dirigida a menores, después de que quedara demostrado que había diseñado y comercializado un producto sabiendo que era dañino, sin someterse a ningún control externo durante años. Igual que pasó con el caso de la oxicodona en Estados Unidos. El paralelismo con las redes sociales es directo; en los tres casos el daño era conocido internamente antes de ser expuesto públicamente, y solo cuando el perjuicio se volvió masivo e innegable intervino la justicia.
Pero hay una diferencia de fondo con la industria del tabaco o la de la oxicodona, ninguna tabacalera decide en solitario cómo se comunica una sociedad entera. Aquí sí. Las cifras que manejan estos juicios —1,4 billones de dólares, una capitalización bursátil casi imposible de traducir a magnitudes comprensibles— no son solo un dato económico, sino que són el síntoma de una concentración de poder que ya opera a una escala que se escapa a la intuición humana. Un puñado de personas, sin mandato comunitario ni control público real, decide durante años qué arquitectura mediará las relaciones, la información y la atención de miles de millones de personas, con el único criterio de rentabilidad. Ese es el problema clásico, la concentración de poder, llevado a una magnitud nueva.
Las multas, por históricas que sean, actúan una vez producido el daño. El enfoque europeo da un pequeño paso más al exigir cambios en el diseño de estas plataformas —y no se trata de un caso aislado, es la cuarta vez en dos años que Bruselas abre una vía sancionadora contra TikTok por el mismo tipo de diseño, lo que sugiere menos un incidente puntual que un patrón que la regulación va persiguiendo caso por caso, sin resolverlo de raíz— . Aunque estos litigios ya no apunten solo al síntoma —aquellas consecuencias observadas una vez están en el mercado—, siguen sin apuntar a la causa, no actúan sobre esta concentración de poder de origen, ni nos alientan a poder pensar como sociedad qué deseamos que medie nuestras relaciones sociales.
El progreso tecnológico no puede definirse solo por lo que es técnicamente posible ni por lo que resulta rentable para quien lo controla. Necesita ser sostenible a nivel medioambiental, ético y social, y eso exige un marco donde decidir el rumbo no dependa del criterio de quien más capital acumula sino que pueda ser decidido por la sociedad en general. El veredicto de Oakland, previsto para octubre, dirá si la justicia empieza a tratar el diseño algorítmico como objeto de responsabilidad civil. Aunque, gane quien gane este juicio, la pregunta «quién decide y qué queremos para nuestra sociedad» aún queda sin resolverse.
