El documento Protocolo para el abordaje integral de mujeres con adicciones o consumos abusivos en el sistema de protección a mujeres víctimas de violencia de género, realizado por Patricia Martínez Redondo y Gisela Hansen Rodríguez, aborda la necesidad de mejorar la atención a mujeres que han sufrido violencia de género y que, además, presentan adicciones o consumos abusivos. El documento plantea que estas situaciones no deben convertirse en motivo de exclusión del sistema de protección, sino ser comprendidas y acompañadas desde una atención integral, coordinada y adaptada a sus necesidades.
Aunque se presenta como “protocolo”, el propio informe aclara que no pretende ser un protocolo cerrado y obligatorio, porque la atención directa en España depende de comunidades autónomas, provincias y ayuntamientos. Más bien ofrece líneas de actuación, recomendaciones y buenas prácticas aplicables a nivel estatal, autonómico y local.
El estudio parte de la evidencia de que la violencia de género y los consumos abusivos o las adicciones pueden aparecer de forma interrelacionada en la vida de muchas mujeres. En algunos casos, el consumo puede estar vinculado a experiencias de violencia, trauma, explotación sexual, trata, prostitución, pobreza, pérdida de redes de apoyo o situaciones de gran vulnerabilidad. Desde esta mirada, el informe insiste en que no se debe interpretar el consumo únicamente como una conducta individual, sino también como una realidad que puede estar conectada con contextos de daño, supervivencia y desigualdad.
La investigación combina revisión documental, análisis de experiencias previas y trabajo de campo con profesionales y mujeres atendidas en servicios de violencia y/o adicciones. Se realizaron entrevistas, grupos focales y análisis de buenas prácticas, con especial atención a experiencias desarrolladas en territorios como Madrid, Bizkaia, Gran Canaria y Lanzarote. El estudio se llevó a cabo entre abril de 2025 y abril de 2026, con un enfoque cualitativo, descriptivo y analítico.
Una de las ideas centrales del documento es que las redes de atención a la violencia de género y las redes de atención a las adicciones no siempre están suficientemente coordinadas. Esto puede provocar que algunas mujeres no reciban una respuesta integral. Por un lado, pueden encontrar dificultades para acceder a recursos de protección si existe consumo activo; por otro, pueden acudir a recursos de adicciones donde la violencia sufrida no siempre se aborda de manera específica y con perspectiva de género.
El informe propone avanzar hacia modelos de atención más flexibles, coordinados y adaptados a la diversidad de situaciones. Para ello, recomienda revisar normas de acceso, mejorar la coordinación entre servicios, formar a los equipos profesionales, incorporar la perspectiva de género y trauma, y evitar intervenciones que responsabilicen o penalicen a las mujeres por sus consumos. También destaca la importancia de escuchar sus experiencias en primera persona para identificar necesidades reales, buenas prácticas y aspectos de mejora.
En sus conclusiones, el documento defiende que ninguna mujer debe quedar fuera del sistema de protección por presentar consumos abusivos o adicciones. Al contrario, estas situaciones deben ser atendidas desde una respuesta integral que combine protección frente a la violencia, acompañamiento psicosocial, atención a la salud mental, intervención en adicciones y apoyo en otros ámbitos como vivienda, maternidad, seguridad, inclusión social y recuperación personal.
