La hoja de coca, durante años equiparada erróneamente con la cocaína, podría ser eliminada de la Lista I de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, una de las categorías más restrictivas del sistema internacional de control de drogas. La decisión se debatirá en marzo de 2026 ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND), tras la revisión crítica impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así lo destaca el informe ‘Revisión Crítica de la Hoja de Coca: ¿Qué significa para Centroamérica?‘, elaborado por Fritz Pinnow y Ernesto Cortés para el Transnational Institute (TNI).
El estudio sostiene que la actual clasificación de la hoja de coca se basó en prejuicios coloniales y racistas, no en evidencia científica. Durante más de sesenta años, su uso tradicional —sagrado y cotidiano para millones de personas en los Andes y la Amazonía— fue criminalizado bajo la falsa idea de que la coca y la cocaína son equivalentes. La prohibición internacional impuesta en 1961 ignoró estudios previos de la ONU que demostraban que la masticación de la hoja de coca no constituía una adicción. Además, la clasificación prohibió su uso tradicional, desconociendo su valor espiritual, terapéutico y nutricional en las culturas andinas y amazónicas, donde se utiliza desde hace milenios como fuente de energía, medicina natural y elemento ritual.
«La hoja de coca es sagrada en las culturas andinas amazónicas, es fundamental en ceremonias y en la vida cotidiana de millones de personas. La Convención 61 exige la prohibición de la masticación de la hoja de coca dentro de 25 años, violando derechos culturales de una gran cantidad de personas en América Latina».
El texto subraya que la coca no es cocaína. La cocaína es un derivado químico obtenido tras complejos procesos industriales que emplean solventes tóxicos, mientras que la hoja de coca en su forma natural es un estimulante leve comparable al café, con propiedades nutricionales destacadas por su contenido en calcio, vitaminas y antioxidantes. Por tanto, desclasificar la hoja de coca no implicaría legalizar la cocaína, sino reconocer la diferencia entre una planta tradicional y una sustancia procesada.
En cuanto a Centroamérica, el informe señala que, aunque la coca es originaria de los Andes, su cultivo ha comenzado a expandirse en Honduras, Guatemala y Belice, impulsado por el fracaso de la llamada Guerra contra las Drogas. Aunque sí hay cabe resaltar que en la época precolombina la hoja de coca tuvo presencia, vinculada a las redes de intercambio interregional que conectaban a diversas sociedades y culturas a lo largo del continente americano, especialmente desde los Andes hasta Nicaragua.
Los autores advierten que mantener la hoja de coca bajo prohibición solo perpetúa el mercado ilícito, mientras que su regulación permitiría crear mercados legales, generar empleo rural y fortalecer el control sobre la desviación hacia la producción de cocaína. «Si bien la aparición del cultivo de coca en Centroamérica ha generado preocupación, remover la hoja de coca de la Lista I de la Convención Única de 1961 no afectará los controles sobre la producción ilícita de cocaína, pero sí liberaría la planta para usos comerciales, culturales y medicinales legítimos. De esta manera, se podría corregir una injusticia histórica y se desmontarán mitos que han sostenido su errónea clasificación».
Esta obsesión con la supuesta capacidad de la hoja de coca para alimentar la “violencia del narcotráfico” es lo que la academia denomina el Imaginario Narco: una narrativa distorsionada que retrata a las regiones cocaleras únicamente desde una perspectiva de criminalidad y violencia. Este imaginario invisibiliza las verdaderas causas de esos conflictos, como las desigualdades estructurales, las tensiones históricas y la militarización estatal.
El informe recomienda que Honduras y Guatemala, como miembros con derecho a voto en la CND, que apoyen la eliminación completa de la hoja de coca de la Lista I. Esta decisión, recalcan los autores, sería coherente con los principios de justicia histórica, derechos humanos y desarrollo sostenible, además de representar un paso hacia políticas de drogas más efectivas y respetuosas.
