Una de las medidas legales más emblemáticas en la protección del derecho a la salud del no fumador es la prohibición, que rige en España desde 1988, de fumar en lugares públicos como centros educativos, hospitales, aeropuertos, estaciones de tren y bus, edificios de la Administración, gasolineras, bibliotecas, museos, medios de transporte…
La revista Consumer publicó en junio de 1998 un informe que desvelaba un amplio incumplimiento de la norma. Hoy, casi cinco años después y cuando el Gobierno anuncia el despliegue de todo un arsenal legislativo para regular el consumo y la publicidad de esta sustancia, todo sigue igual, o peor.
El respeto al derecho del no fumador, la concienciación social sobre los daños que causa el tabaco en los fumadores pasivos y el rigor de la Administración para hacer cumplir esta norma, siguen siendo obviados.
Los datos son elocuentes: si en 1998 fumaba al menos algún usuario en el 44% de los lugares en que estaba prohibido, hoy se consume tabaco en el 46% de estos espacios teóricamente libres de humo nicotínico. Y si entonces sólo en el 3% de estos ámbitos protegidos se brindaba a los fumadores la posibilidad de fumar en un sala específica hoy la proporción sigue en un más que exiguo 4%.
El único dato esperanzador de este informe es que si en el anterior estudio el 33% estos espacios libres de tabaco fumaban los empleados hoy la proporción se queda en el 24%.
