El mapa de las licencias para cultivar en España cannabis con fines de investigación o producción medicinal muestra una realidad variopinta por el tamaño de las empresas, su ubicación geográfica y el capital que las financia: hay startups de jóvenes emprendedores, grandes compañías nacionales e internacionales, organismos públicos e incluso proyectos de universidades. Se encuentran repartidas en unas pocas comunidades autónomas y una de cada cuatro de las que cuentan actualmente con autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), del Ministerio de Sanidad, tiene capital extranjero.
Esa variedad refleja el creciente interés en un sector que todavía se mueve en España bajo los dictados de una ley de 1967 para la concesión de licencias temporales de cultivo, pero que camina ya hacia una regulación del uso de una producción que ahora únicamente puede ser destinada a la exportación. El Gobierno tiene un plazo de seis meses, que empezó a contar el pasado 27 de junio, para cumplir el dictamen de la Comisión de Sanidad del Congreso en el que, básicamente, insta a que el cannabis pueda ser prescrito por médicos especialistas de las enfermedades y dolencias autorizadas para este uso y dispensado en farmacias, inicialmente las de los hospitales.
