“Las operaciones de erradicación forzada de los cultivos de mata de coca se suspendieron”, declaró el nuevo director de la Policía, el general Henry Sanabria. Los críticos de la medida prontamente señalaron que Colombia sería un “Tsunami de droga”, mientras que quienes empujan la reforma a la política de drogas aplaudieron el anuncio. Días más tarde, en medio de la visita de una delegación de la Casa Blanca, el Gobierno rectificó, aclarando que priorizaría la sustitución y que le erradicación forzada sería el plan B. Pero ¿por qué no pensar en poner un paréntesis a la erradicación forzada?
Los problemas de la erradicación forzada no son nuevos. Si bien su uso intensivo ha provocado descensos temporales, la manera como se ha implementado ha mostrado niveles de eficacia bajos, y costos altos. Además, decisiones judiciales y condiciones de seguridad adversas, limitan su aplicación en los enclaves cocaleros.
