La Conselleria de Sanidad prevé tener legislado mediante un decreto propio la utilización del cigarrillo electrónico en la Comunitat Valenciana en el plazo de unos tres meses, una vez que el Ministerio de Sanidad haya establecido la normativa general sobre el tratamiento de ese dispositivo.
La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha expresado hoy su respaldo a la regulación del consumo del cigarrillo electrónico y equiparar su utilización a la del tabaco, al tiempo que pide que se consideren un "producto medicamentoso".
La OMS desaconseja el uso del cigarrillo electrónico y los profesionales sanitarios españoles alertan de que contiene algunas sustancias idénticas al convencional y con efectos a largo plazo desconocidos.
Sanidad y las CCAA elaboran una norma estatal para prohibir su consumo en estas instalaciones. Ana Mato reconoce que se ha producido "un intenso debate".
Cada trabajador fumador cuesta una media de 2.000 euros a su empresa, de los que 1.500 euros corresponden a ausencias para fumar y 500 a bajas por enfermedad, según datos de la Asociación Nacional de Medicina del Trabajo en el Ámbito Sanitario.
En una respuesta parlamentaria, el Gobierno reconoce que es "un producto problemático". España carece de una normativa específica, pero la UE apuesta por equiparlo con el tabaco.