A cada comunidad se le ha destinado un mínimo de 60.100 euros, y el resto de los fondos se han repartido en función de los casos de sida y de la población total de cada comunidad.
Este organismo, creado
en 1998 y dependiente
de la Junta de Andalucía,
gestiona actualmente cinco
comunidades terapéuticas
en las provincias de
Cádiz, Huelva, Málaga y
Sevilla.
La reforma impulsada por el Gobierno de República Checa para trasladar la coordinación de la política de drogas al Ministerio de Salud ha generado críticas entre profesionales y antiguos responsables del sector.