El Parlamento de Canarias acaba de aprobar una proposición no de ley para realizar en la revisión pediátrica de los 14 años un test de drogas. Dicha analítica debe contar con la autorización paterna previa para su realización. El objetivo es que esta prueba se realice por los pediatras de Atención Primaria de forma general para detectar el consumo de drogas.
El Programa presupuestario ejecutado íntegramente por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y cuya dotación presupuestaria está recogida en los Presupuestos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, cuenta con un crédito para 2019 que asciende a 14,8 millones de euros, una cifra que se mantiene con respecto a los presupuestos anteriores, y que este año tiene como objetivo reducir el consumo de alcohol en menores.
Los expertos recuerdan que en aquellos núcleos familiares en los que los padres mantienen una actitud "dialogante o educativa", el consumo se produce "de manera más moderada"
En el marco del Día Internacional de la Prevención del uso de sustancias peligrosas, se busca que se genere un diálogo sobre las mejores estrategias para frenar este problema entre las familias, profesorado y adultos responsables del cuidado de niños, niñas y adolescentes.
Poner fin al consumo de alcohol en menores, "un problema absolutamente desmedido con cifras enormemente alarmantes", pasa por la educación y la sensibilización, "más allá de cualquier tipo de medida sancionadora y reglamento jurídico", afirma con claridad el vicepresidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), Ignacio Calderón.
El informe que establece las bases de la futura Ley contra el consumo de alcohol en menores, validado la pasada semana en el Senado y a la espera de su aprobación por la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, incluye que se sancione a los padres de los menores que beban, y, en caso de reincidencia grave, si se demuestra una actitud negligente de los padres, se aplicaría la normativa existente en el ordenamiento jurídico para la protección del menor.