El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha anulado por inconstitucional la ley catalana que regula las asociaciones de consumidores de cannabis al considerar que el contenido de la norma invade competencias del Estado.
Los políticos ingleses han propuesto hacer más flexible las leyes relacionadas con los cigarrillos electrónicos o 'vaping' cómo un método para dejar de fumar.
El fármaco más polémico de Almirall, el único del mercado que contiene extractos de cannabis, ya le supone a la farmacéutica catalana más ingresos que el medicamento más famoso del laboratorio de los hermanos Gallardo, el antiácido Almax.
La nueva normativa se ha puesto en marcha tras numerosas quejas por el olor y el ruido que hacían los consumidores de cannabis. En las cafeterías en las que se vende cannabis y en los refugios de personas sin hogar se van a repartir folletos informativos en los que se advertirá de las multas que se impondrán a las personas que no respeten la prohibición.
El Tribunal Constitucional de España le ha dado la razón al Parlamento vasco. Argumenta que no invade ni la legislación penal, ni en materia de medicamentos ni la competencia de seguridad pública.
La presión internacional ha surtido efecto, ya que Irán ha suspendido miles de penas de muerte por delitos de drogas. Los datos compilados por CHRI muestran que en los 12 meses previos a la aprobación de la ley enmendada en octubre de 2017, al menos 270 prisioneros fueron ejecutados por delitos de drogas que ya no son punibles con la muerte.
Un nuevo informe parlamentario ha recomendado varias opciones para modernizar el proceso penal de Francia, incluida la despenalización de todo el uso de drogas, pero el gobierno aún no ha decidido sobre el asunto.