La pandemia de Covid-19 ha provocado un descenso en la oferta de sustancias ilegales en España, lo cual se ha notado especialmente en el consumo de algunas sustancias como los opiáceos, según el delegado del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD).
Que 13 de cada 100 personas de entre 55 y 64 años hayan consumido este tipo de fármacos durante el mes anterior, y que lo haga a partir de los 64 años una de cada tres mujeres y el 13,5 % de los hombres, merecería una reflexión a fondo sobre la medicalización de la vida cotidiana y la atención sanitaria de gatillo fácil a la hora de la prescripción de estos fármacos. Procesos que no solo afectan a las personas mayores, pero que con ellas adquieren mayor relevancia.
Así se recoge en un documento de consenso suscrito por las 17 organizaciones científicas y asociaciones de pacientes integradas en la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), que recomienda la vinculación del diagnóstico e inmunización contra la COVID19 con el cribado de la hepatitis C.
El documento plantea mejorar la vigilancia epidemiológica, ampliar el acceso al diagnóstico, fortalecer la educación sexual y reducir el estigma asociado a las ITS hasta 2030
Si algo nos recuerda este informe es que las políticas de drogas son, o deberían ser, en última instancia, políticas de salud pública, justicia social y de garantía de derechos.
La reforma impulsada por el Gobierno de República Checa para trasladar la coordinación de la política de drogas al Ministerio de Salud ha generado críticas entre profesionales y antiguos responsables del sector.