Los seis partidos que defienden la reforma de la ‘ley mordaza’ pactan cambios en el articulado para rebajar las sanciones o ajustarlas la capacidad económica de los infractores
El informe ha identificado 35 países con pena de muerte para los delitos de drogas, aunque solo un pequeño número de estos lleva a cabo ejecuciones de forma regular.
La ley de drogas de Argentina cumple 30 años este fin de semana, y a pesar de que la Corte Suprema de Justicia recomendó hace una década dejar de perseguir a los usuarios de sustancias psicoactivas con el trascendental fallo Arriola, las estadísticas muestran que hay casi tantos detenidos por tenencia de sustancias o cultivo de cannabis que por comercialización.
La empresa señalada como responsable de la crisis de opiáceos en EEUU se ha declarado en bancarrota, una estrategia para protegerse ante las demandas. Mediante este proceso, Purdue Pharma pretende convertirse en una organización sin ánimo de lucro y que sus futuras ventas financien el acuerdo al que espera llegar con los más de 2.000 demandantes, incluidos Estados, ciudades y ayuntamientos. Se acusa a Purdue Pharma de utilizar tácticas agresivas y engañosas para aumentar las ventas, así como de minimizar el riesgo de adicción.
Las penas más altas son aplicadas a los transportadores de carga, qué en la mayoría de ocasiones, son actores dispensables en la cadena de valor del narcotráfico que llevan a cabo los delitos por las condiciones de marginalidad y pobreza en las que viven.
Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, desgrana las ventajas de legislaciones más progresistas con los estupefacientes.
En el estado de Colorado, EE. UU., el uso y la venta de cannabis con fines recreativos ha sido legal desde enero de 2014 y se ha comercializado con fines médicos desde 2009. En octubre de 2018 se publicó un segundo informe bienal. En este artículo se presentan los principales resultados del informe.