La propuesta legislativa busca destinar la recaudación a prevención, recuperación y servicios vinculados a los trastornos por consumo de sustancias, en línea con la evidencia internacional sobre fiscalidad y salud pública.
La iniciativa refuerza la distribución comunitaria de naloxona como herramienta de reducción de daños ante el riesgo de sobredosis por opioides sintéticos.