Según SEMFYC, la regulación "va contra la protección de los consumidores", al desconocerse los riesgos para la salud del vapor emitido y no estar demostrada su seguridad ni para el usuario ni para los que están a su alrededor.
Sobre todo en centros sanitarios, centros educativos y espacios comunes de la Administración, mostrando su preocupación por el uso de estos dispositivos como sistema para dejar de fumar. La Junta también solicita que los profesionales sanitarios no promuevan el uso del cigarrillo electrónico como método de prevención del tabaquismo o para dejar de fumar. Justifica su decisión en que "no se ha demostrado que el consumo de cigarrillos electrónicos sea seguro, y puede producir incluso efectos adversos en la salud a corto plazo".
Expertos alertan de los efectos del cigarrillo electrónico a corto plazo y señalan que sus consecuencias se asemejan a las de un cigarro convencional, produciendo mayor dificultad para la entrada de aire, alteración de la mucosa e inflamación de las vías respiratorias. A largo plazo, apuntan, se ignoran sus efectos, ya que aún no existe evidencia científica al respecto.
El Gobierno británico informó de que se prohibirá la venta de cigarrillos electrónicos a los menores de 18 años, como manera de proteger la salud de los adolescentes.
Las autoridades sanitarias norteamericanas calculan que en el transcurso de 2012, unos 160.000 jóvenes hicieron uso de este producto sin haber fumado antes un cigarrillo convencional.
La Conselleria de Sanidad prevé tener legislado mediante un decreto propio la utilización del cigarrillo electrónico en la Comunitat Valenciana en el plazo de unos tres meses, una vez que el Ministerio de Sanidad haya establecido la normativa general sobre el tratamiento de ese dispositivo.