Un estudio elaborado por el Centro de Atención y Seguimiento en Drogodependencias del Centro Penitenciario de Brians (Fundación Salud y Comunidad), ICEERS y la Universitat Rovira i Virgili ha evidenciado que el cannabis "mejora la calidad de vida en la cárcel y permite reducir la medicalización".
Un estudio revela que la mayoría de mujeres que están en las prisiones de la región latinoamericana han sido acusadas por distribución o transporte de drogas a pequeña escala. Esta investigación fue realizada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), la organización colombiana de derechos humanos DeJusticia y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA.
La nueva regulación, aprobada por el Consejo de Gobierno, autoriza además la utilización de terapias en unidades móviles de drogodependencia y centros de acogida.
El motivo es el alto porcentaje de toxicómanos que existen en las prisiones. Trasladará la investigación terapéutica si los resultados del PEPSA son positivos.