Fotografía: Julia Molins | Texto: Marta Saiz

En una sala insonorizada del Espacio Vecinal del Mercado de Sant Antoni de Barcelona, Enzo toca la batería. Aprendió a tocarla en su Chile natal, con su grupo de música rebelde, cómo él mismo lo llama. A su lado descansa El Papa Rojo, la novela de J.J. Benítez. “A la gente le sorprenda que lea”.

Enzo tiene 45 años y comenzó a consumir codeína —un medicamento derivado del opio—, cuando tenía 12. Fue su profesor de química el que lo animó a él y su grupo de amigos a probar el jarabe para la tos. Sustancia que consume hasta el día de hoy. El músico rebelde y empresario llegó con 20 años a Catalunya. Y desde hace dos vive en situación de calle. Pasó por varios centros de tratamiento, de los que terminó escapando. Recuerda que en algunos lo ataban y le daban pastillas que lo dejaban peor de lo que estaba. 

Pero Enzo no viene solo a este espacio a tocar la batería. Desde comienzos de año acude todos los lunes y viernes a la cocina comunitaria del Centro de Acogida Diurno de la Fundació Àmbit Prevenció. Allí, durante cinco horas entre fogones, logra olvidarse del consumo. También encuentra un lugar donde construir comunidad con otras personas que, como él, sienten esta sala como un refugio seguro.

La labor que realizan en este Centro, que además de la cocina ofrece un huerto comunitario y programas de aprendizaje de ofimática, se enmarca en la reducción de daños: un enfoque de salud pública que respeta los derechos de las personas que usan drogas y busca minimizar los riesgos del uso de sustancias sin centrarse solo en la abstinencia.

“Aquí las personas no solo tienen un lugar donde cocinar lo que les gusta, también comparten con las vecinas del barrio. Y eso ha ayudado a cambiar la mirada sobre quienes participan en el programa, ya que la mayoría duerme en estas calles”, explica Natalia Lanzas, trabajadora social. “También es una excusa para generar vínculos y acompañar en otros trámites más personalizados, como derivaciones a recursos, o simplemente, ofrecer un espacio donde escucharlas desde el respeto y la empatía”.

Lanzas, que coordina el Centro, subraya que en la cocina las personas dejan de verse solo como consumidoras, que es el lugar donde el estigma suele colocarlas. “Es una manera de que vean que hay otras formas posibles de cuidarse, de llevar la vida”. La cocina, que funciona desde hace dos años, ha tenido muy buena acogida en el barrio y sus integrantes participan también en otras actividades del Espacio Vecinal. Además, preparan comida para otras personas en situación de calle. Como resalta Enzo: “Aquí se habla de hermandad”.

Al otro lado de la mesa, Harys prepara el café. Pide que nadie lo interrumpa. Con esmero coloca siete tazas, en cada una la misma medida de leche y café. A su alrededor, sus compañeros pelan calabacines y otros preparan la crema catalana para el postre. Harys quedó atrapado en España durante la pandemia y su situación empeoró. Tanto él como Enzo llegaron a este recurso a través del Centro de Reducción de Daños de Robadors, en el Raval. Gestionado también por Àmbit, desde allí nació hace casi tres años El lado oscuro del Raval, un programa de radio impulsado por Jose Cano, educador social.

El programa se emite cada jueves a las seis de la tarde en una sala cedida por Colectic y funciona sin jerarquías. Nacho suele abrir los micrófonos, en un papel casi de maestro de ceremonias, recordando a las compañeras y compañeros fallecidos recientemente. “Para mí esa es la reducción de daños: un lugar donde poder hablar de todo lo que les atraviesa, desde la violencia institucional hasta cuestiones de medicación. Eso da sentido a lo que hacemos. Para muchas personas es un desahogo; a veces se llega a interiorizar tanto el estigma de la sociedad que una misma termina creyendo que solo es una persona que usa drogas”, explica Cano.

Ese proceso ha mejorado la calidad de vida de muchas de las participantes, como es el caso de La Rata, como se presenta ella. A su lado siempre está su perro, Gordo, al que rescató hace nueve años de un contenedor de basura. Recuerda cuando vivía en la calle del Mercado de la Boquería y Cano la visitaba cada día para recordarle su cita semanal con la radio. El vínculo y la confianza mutua que construyeron la empujó a sostener esa rutina: “La radio es un lugar donde puedo expresarme, y tener eso ha cambiado mi vida”.

En el programa se dice con claridad: “Somos personas que quizá no tenemos recursos económicos, que venimos de otros contextos y sin todas las facilidades para llevar una vida digna. Por eso, el lema de ‘querer es poder’ no es igual para todas. Depende del código postal”.

Vivir en la calle y consumir: una puerta giratoria

En el programa también se habla de un obstáculo central: la imposibilidad de acceder a los albergues en situación de consumo activo —en Barcelona hay más de 1.500 personas viviendo en la calle—. Durante la pandemia, la ausencia de un recurso de estas características llevó a impulsar un albergue pionero a nivel estatal. Se habilitaron 90 camas en pleno confinamiento. Tras el confinamiento, el centró se trasladó de forma permanente al barrio del Baix Guinardó. Allí, en el antiguo Hotel Aristol, funciona hoy el Centro Residencial Integral La Galena, donde conviven unas 45 personas junto a más de 40 profesionales. El equipamiento fue una de las medidas recogidas en el Plan de Acción sobre Drogas y Adicciones 2021-2024 de la ciudad y también había sido incluido en otros planes anteriores.

“La vida en la calle es muy difícil, especialmente si eres mujer. No sabes qué hacer, a dónde ir, dónde dormir”, explica Valentina. Desde la habitación que comparte con su marido, recuerda cómo debía esconder sus pertenencias para que no se las robaran y cómo más de una vez pasó la noche cubierta apenas con un cartón. Durante los ocho años que estuvo en la calle, el uso de metanfetamina la ayudó a mantenerse despierta por las noches, para prevenir abusos o violencia sexual. “El consumo me quitaba las ganas de comer. Llegué a pesar 35 kilos, mientras empujaba carros de 400 kilos de chatarra por la ciudad”. 

Hace seis meses que llegó al albergue. Aquí se siente más segura. Mientras enseña las uñas azules con brillos plateados que ella misma se pintó, bromea con las educadoras. De vez en cuando, organiza talleres de manicura en el comedor.

La derivación al recurso se realiza a través de las redes de atención de drogas y sinhogarismo de Barcelona, entre la trabajadora social de referencia de la persona y la del propio centro. Con ello se organiza una lista de espera que, en el caso de las mujeres, suele avanzar más rápido —alrededor de un mes—, mientras que para los hombres puede alargarse hasta uno o dos años. “Todas las personas en la calle son vulnerables, así que la prioridad la marca el orden de llegada”, explica Pilar Caballer, coordinadora del albergue que gestiona la Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD). Se hacen excepciones en situaciones de urgencia a mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ que han sufrido agresiones físicas o sexuales, o quienes presentan un cuadro de salud muy complejo. Desde su apertura, cerca de 700 personas han pasado por el centro.

“Aquí seguimos la metodología Housing First: primero techo, higiene y comida”, añade Caballer. “Hay quien ha reducido el consumo, que ha hecho un proceso de abstinencia o que sigue consumiendo, pero la reducción de daños ya está hecha; tienes el contexto vital más o menos reparado y mejorado”.

Moi es residente desde abril. Hoy le toca turno para ayudar a recoger la comida. Recoge los platos y vasos que otras compañeras dejan en la mesa cerca del lavavajillas. Al terminar se seca las manos y habla del gran día que le espera mañana. La marcha del orgullo. Entra a la habitación para descansar, pero antes muestra la estampa de la Virgen de Triana que tiene pegada en la pared de su cama. Desde que llegó está más tranquilo. Aunque habla de las normas que tiene que cumplir, aquí sabe que no tiene que vigilar cada noche sus pertenencias o estar despierto para que no le agredan. “En caso de cuadro psicológico o psiquiátrico, necesitas un sitio donde estar y unos cuidados que en la calle no tienes. Cuando entras de urgencia, lo primero es descansar, comer bien y estar tranquilo”.

El tiempo máximo de estancia ronda los dos años, tras los cuales se intenta derivar a otro recurso. “El año pasado contabilizamos 1.600 personas en calle y tenemos 45 camas. Ojalá existiera una red que diese continuidad sin que todo dependa de la financiación”, remarca Ester Aranda, directora de reducción de daños de ABD.

La experiencia del CRI Galena es única en Europa, con las salas de consumo integradas dentro de un centro residencial. Algunas de estas fórmulas se inspiran en proyectos en Luxemburgo u otros del norte de Europa y Canadá, aunque —a diferencia de otros programas— aquí se atiende a personas en situación irregular. Otra de sus singularidades es la Sala Vita de consumo supervisado de alcohol, nombrada así en honor a un residente fallecido. 

La gran fragilidad del proyecto es la financiación, cuya licitación se renueva cada dos años. “Todo el rato tienes que estar justificando que esto es por el bien de la sociedad —señala Aranda—. Que las personas están mejor aquí, que si no estarían peor. Y que, además, sería más caro para el sistema, porque al final lo único que importa es el dinero”.

El debate social lo resume una frase que escuchan a menudo: “¿Cómo puede ser que se desaloje a familias mientras aquí se permita pincharse bajo techo?”. Frente a esa crítica, Aranda es clara: “Es un derecho básico, y no puedes condicionarlo al uso de sustancias. No puedes limitar derechos porque alguien se droga; entonces deberías limitarlos para todos. El filtro de la pobreza no puede ser el consumo. Y es muy macabro, porque gran parte del este tiene que ver con el dolor, no solo con lo recreativo. Además, el coste-beneficio está demostrado: entran menos al hospital porque están aquí. Una persona en la calle cuesta mucho más”.

Dentro del CRI Galena existen tres espacios de toma supervisada —inyectada, inhalada y de alcohol—. En ellos, las personas pueden consumir en un entorno seguro y sanitario, con personal especializado que ofrece material estéril y atiende en caso de sobredosis. “Nunca se ha muerto nadie en una sala de consumo”, destaca Aranda, que también coordina la sala Baluard, otro de los recursos de reducción de daños de Barcelona situado en el Raval.

Las ‘periferias’ del centro 

En un recoveco a modo de plaza en la Avenida Drassanes, a medio camino del popular gato de Botero y Las Ramblas de Barcelona, varias personas hacen fila en una pequeña puerta metálica. En el centro, dos coches de policía y un camión de basura amenazan a quienes intentan establecer su pequeño campamento. 

“Baluard es un lugar muy violento”, comenta Aranda. “Cada año entran alrededor de 1.600 personas y de éstas el 73% vive en la calle. La violencia es su modo relacional, no porque vivan en la calle, sino porque todo a su alrededor es violento”. Al recurso entran muchas personas con un consumo problemático de benzodiacepinas —psicofármacos depresores del sistema nervioso central—, que requieren un acompañamiento intensivo porque pueden quedarse inconscientes en el suelo. Además, durante los últimos años, el consumo de metanfetamina por vía inhalada ha aumentado en el barrio. Para la experta, esto responde a que es un mecanismo para mantenerse despierta y estar alerta de lo que ocurre en la calle.

Una de las singularidades de Baluard es su sala de consumo inhalado, una de las tres que existen en Catalunya —junto a la del albergue y otra en Lleida—. El coste principal son los filtros de carbono del extractor. “Aquí no hay riesgo de sobredosis letal, así que al sistema le cuesta entenderlo. No salva vidas en términos de mortalidad, pero sí mejora la calidad de vida”, explica Aranda. 

De los 20 años que lleva Baluard abierto, Aranda lleva desde 2007. “Es un mundo muy dinámico, muy creativo y también es un lugar muy humano. Aquí tocas la humanidad real, el fondo. No hay nada por debajo de Baluard”. Y comparte que el trabajo en este lugar la ha educado. “Supongo que también hay una historia de vida marcada por la violencia, algo que te permite entender lo que pasa aquí”.

El centro se ha mantenido en pie en un contexto político siempre incierto. El riesgo de cierre planea constantemente y, a menudo, se plantea como un triunfo político. Para Aranda, el debate está mal enfocado: “Nunca pondrían un Baluard en Sarrià, porque allí no hay puntos de venta. La gente no va a cruzar la ciudad para consumir. Una sala solo funciona si está donde se venden las sustancias. Y si el tráfico no ha parado en 5000 años de humanidad, no va a parar ahora”. 

En este escenario, varios de los recursos de reducción de daños de la ciudad están financiados o dependen de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, incluyendo Robadors, Baluard y el CRI Galena. Montse Bartroli, jefa del Departamento de Prevención y Atención a las Drogodependencias de la institución, explica que la filosofía de la ciudad es priorizar la vida y la salud de las personas, y que por ello la reducción de daños es un eje fundamental que debe contar con apoyo institucional. También subraya la necesidad del consenso político y del diálogo con la ciudadanía: “A veces tenemos toda la evidencia científica, pero la población tiene miedos vinculados al imaginario sobre las drogas. Hay que explicar bien los recursos, mostrarlos y demostrar que funcionan. Y, además, tiene que haber consenso político. Si no, se pueden utilizar como arma política y complicar la aceptación ciudadana”.

Para Ester Aranda, es esencial entender que la reducción de daños no se limita a las salas de consumo como herramientas básicas para el control de la mortalidad, la salud y el orden social. “La reducción de daños es un tema de justicia social y de derechos”. Esa mirada también se refleja en otros espacios del barrio, como Metzineres, situado más cerca de la rambla del Raval.

Allí, esta cooperativa “crea entornos de cobijo para mujerxs que usan drogas y sobreviven a múltiples situaciones de vulnerabilidad y violencia”. En el espacio no hablan de sala de consumo, sino de tocador, tal y como comenta Aura Roig, directora y fundadora del proyecto. Ese rincón íntimo supone, para muchas de las personas que llegan, el único momento del día en que pueden relajarse, dejar de pensar en la supervivencia y, acompañadas por otras —si quieren—, compartir y hablar de lo que les preocupa.

La apuesta de Metzineres se sostiene en una mirada feminista interseccional, que va más allá de abrir espacios exclusivos para mujeres. “Cuando se van a los servicios de reducción de daños, estos carecen de una mirada feminista. Que no es solamente tener espacios para mujeres, sino una mirada realmente feminista”, reivindica Roig.

Ese enfoque se enlaza con la manera en que ella misma entiende la reducción de daños: “Es una mirada de aceptación de que las personas usamos drogas y que tenemos el derecho a cuidarnos. La reducción de daños no debería darse solamente en torno a los recursos de drogas, sino en todos los servicios sociales, sanitarios y comunitarios”.

Barrios estigmatizados

A las afueras de Barcelona, en la localidad de Sant Adrià de Besòs y muy cerca de la costa del Maresme, se levanta uno de los barrios más estigmatizados del área metropolitana. La Mina nació a finales de los años sesenta como un gran polígono de realojo para familias procedentes de barracas y asentamientos. Y allí, en 2004, fue el propio vecindario quien impulsó la apertura de un centro de reducción de daños. El primer equipamiento funcionaba en unas barracas, hasta que se integró al centro de salud y hoy depende del Hospital del Mar. 

Las personas que usan el recurso no entran por la puerta del centro sanitario, sino que hay otro acceso que abre de lunes a viernes de diez de la mañana a ocho de la tarde y los fines de semana de once de la mañana a seis de la tarde. “Que sea un centro sociosanitario nos da muchas ventajas: podemos derivar de inmediato a urgencias graves, hay médico las 24 horas y, además, facilita el acceso a programas específicos, por ejemplo de ginecología o salud sexual, a los que muchas mujeres consumidoras suelen llegar con dificultad por miedo, tabúes o experiencias de abuso”, explica Noemí González, coordinadora del centro. En cuanto a los horarios de apertura, González habla de lo ideal de poder abrir en todo momento, como así también lo pide el barrio.  

En el intervalo de los años 2008-2010, durante la crisis económica, se disparó la demanda. Muchas personas quedaron sin trabajo y el uso de sustancias aumentó en la capital catalana. La presión policial de aquella época desplazó parte de ese consumo hacia el barrio. Actualmente, de las 1.100 personas que atienden, el 99,8% provienen de fuera del municipio, sobre todo de Barcelona. “Es fundamental que un centro esté cerca de los puntos de venta, porque quien usa drogas de manera habitual suele hacerlo inmediatamente después de adquirir la sustancia. No aguanta días con la droga en la mano como un consumidor lúdico, que la compra para un festival el fin de semana siguiente”, explica González, que comenzó hace quince años en el centro como educadora social. Y aunque sabe que las salas deben estar donde se concentran los puntos de venta, insiste en que usar esa única imagen del barrio es injusta para el vecindario. “La Mina es diversa y muy rica a nivel cultural, con un tejido asociativo y de recursos muy fuerte”.

De las personas que atienden, el 87% son hombres, lo que lo convierte en un espacio muy masculinizado, como la gran mayoría de los recursos. En cuanto al consumo, aquí se mantienen las dinámicas de finales de siglo. Las sustancias más habituales son la heroína, la cocaína y el speedball (mezcla de ambas). Además de los espacios de consumo —que son solo de vía inyectada—, hay duchas, calor y café, y un equipo comunitario que trabaja en la calle, recogiendo jeringuillas y explicando al vecindario en qué consiste su labor. En algunos casos, son las propias personas que usan el recurso quienes salen junto al equipo a la calle.

“Es muy fácil juzgar y estigmatizar a una persona consumidora sin ver más allá. Cuando conoces las historias de vida piensas que hay veces que el consumo es el menor de sus problemas, pero es por lo que más se les señala. Vivimos en una sociedad rápida, que quiere soluciones rápidas, y eso acaba siendo vacío”, insiste González. Para ella, lo más importante de este trabajo es el vínculo que se genera con las personas, desde donde se pueden abordar todas las problemáticas que van surgiendo. 

A unas calles de La Mina, San Roque es otro de los barrios más estigmatizados y empobrecidos de la zona, en este caso del municipio de Badalona. Silvia y Gevi recorren cada día sus calles recogiendo material de consumo: jeringuillas, utensilios usados para fumar y, últimamente, pequeñas botellas de helio —el llamado “gas de la risa”—. Ellas encarnan una figura poco habitual en los servicios de reducción de daños, agentes de salud: personas con experiencia propia en el uso de estos recursos y que pueden generar confianza. Acompañan a otras a los espacios de consumo supervisado, ofrecen información, realizan talleres o salidas programadas y las apoyan si deciden iniciar un tratamiento.

Su tarea se enmarca dentro del refuerzo a la EPA (Equipamiento de Punción Asistida), una sala de consumo móvil gestionada por la Asociación de Intervención Comunitaria en Drogas ASAUPAM. La ambulancia, adaptada con dos espacios de consumo, está ubicada bajo el puente de la autovía que hace de frontera entre Badalona y Sant Adriá de Besós. Las agentes de salud, que rondan los sesenta años, hablan de cómo les hubiera gustado a ellas tener todos estos recursos a su disposición. “Se podrían haber evitado tantas muertes por VIH, hepatitis, infecciones… Por eso la reducción de daños es tan importante”, señala Silvia. 

O como dice Gevi: “No le puedes decir a alguien que no se drogue. Hay que estar con las personas, acompañarlas, que ganen un poco de calidad de vida. No se les ayuda a nivel económico, ni tampoco hay grandes logros a nivel social; pero sí a nivel personal”.

Dentro de los retos de la reducción de daños, ambas critican el mal funcionamiento de los centros que deberían ofrecer apoyo psiquiátrico y psicológico: “Las personas van dopadas de metadona y esa no es una solución”, resalta Gevi. Silvia también señala los largos tiempos de espera para acceder a la atención médica o ingresar en tratamiento. “No le puedes decir a una persona que quiere dejar de consumir que espere un mes y medio para la primera visita. Cuando por fin se decide, si tiene que esperar, se echa para atrás. Lo pierdes”.

De camino a la EPA, ambas cuentan cómo les fue el día anterior en una salida a la piscina con varias de las personas que acompañan. Allí las espera Juan Peña, también agente de salud y educador social, que desde hace cinco años forma parte del equipo de la EPA. “La reducción de daños no es incitar a que la gente consuma, sino ofrecer unos mínimos sanitarios. Si quitamos los servicios, que ya son pocos, la calidad del barrio sería peor”, explica. Junto a él está Jessica Rivera, enfermera del servicio desde hace tres años. Su presencia es clave, ya que es importante que haya dos personas en el equipo para atender las posibles sobredosis. “Por lo general son las mismas personas las que se inyectan, y yo intervengo si hay algún problema”. Y recalca que lo que más valoran las personas que acuden a la EPA es poder hablar y sentirse escuchadas. 

El recurso móvil de ASAUPAM empezó a funcionar en 2012, en el mismo lugar donde antes estaba el autobús de la metadona. “Se consideró que era el mejor sitio, porque era un espacio que las personas ya estaban acostumbradas a ver”, explica Alicia Molina, coordinadora de la entidad. “Una de las ventajas de este vehículo es que genera tranquilidad: si alguien se pone nervioso, tiene la calle cerca. No hay que atravesar mil pasillos hasta llegar a la puerta”.

ASAUPAM nació a partir de una agrupación de personas usuarias y profesionales, AUPAM. Desde el origen, el enfoque fue de reducción de daños, aunque con los años también se ha ampliado a la prevención y el acompañamiento social. “Nuestro objetivo es acercar a las personas a los servicios públicos y sanitarios, facilitar ese primer paso hacia los recursos”.

Con una trayectoria que se remonta a los tiempos de Can Tunis, Molina conoce bien la evolución de la reducción de daños en Catalunya. “Aquí ha habido una apuesta real, una mirada pragmática y honesta sobre el tema. Hoy sabemos que, para dejar el consumo, antes hay que reparar todo lo que hay alrededor: la vivienda, la salud, el entorno. No se trata solo de dejar la sustancia, sino de poder vivir mejor”.

Entre la ría y la calle: reducir daños, acompañar vidas

En el Estado español hay 20 salas de consumo supervisado —últimos datos disponibles del Plan Nacional sobre Drogas—, quince en Catalunya, una en el País Vasco y cuatro en Madrid. La del País Vasco se encuentra en Bilbao, frente a la estación principal de tren, en el barrio de San Francisco. El acceso es discreto. Al entrar en el espacio sorprende gratamente la luminosidad, con vistas a la ría. No es habitual que una sala de estas características esté bañada por la luz natural.

El recurso se llama Andén 1, en alusión a una línea de metro simbólica, donde cada parada representa un paso en la reducción de daños. “Las paradas siguen una línea de menor riesgo. La primera siempre es la práctica segura dentro de la sala, la base de todo: higiene y salud”, señala Marta Fernández de Aguirre, médica y responsable de reducción de daños de la Fundación Gizakia, entidad gestora de la sala durante los últimos diez años.

El lugar fue inaugurado hace 21 años por Médicos del Mundo. “Conocemos a muchas de las personas desde hace años, y eso permite trabajar desde el vínculo y la búsqueda conjunta de objetivos. Antes se entendía el ‘quiero cambiar mi vida’ como dejar de consumir, pero hemos aprendido que ese cambio muchas veces empieza por pequeñas metas, como decir: ‘hoy quiero darme una ducha’”, reflexiona Fernández de Aguirre.

La entidad nació como Proyecto Hombre y, para ellas, el cambio de paradigma —del tratamiento tradicional a la reducción de daños— fue profundamente enriquecedor. “Se trata de entender que los objetivos no son los tuyos, sino los suyos. Pasamos de decir ‘no hay que consumir’ y acompañar en la abstinencia, a pasar pipas y rulos; y a enseñar a cocinar crack”, dice Ainara Sánchez, educadora y coordinadora del servicio. En esta sala las personas no pueden traer la sustancia cocinada, sino que la cocinan en el mismo espacio con bicarbonato; de esta manera evitan que la traigan cocinada con amoniaco, lo que la hace más peligrosa. 

El equipo de la sala está formado por diez personas y el recurso abre de lunes a domingo, de once de la mañana a seis y media de la tarde. Sólo cierra el 25 de diciembre y el 1 de enero. Su ubicación sigue el mismo criterio que otras salas de Barcelona: se encuentra en una zona tradicionalmente vinculada al consumo de sustancias, especialmente por vía inyectada. Y es que durante los años ochenta y noventa, en los soportales que dan a la ría —con sus característicos arcos de piedra—, se vivía un grave problema de salud pública, que afectaba tanto a las personas que consumían como al vecindario. Las jeringuillas y otros materiales quedaban tirados en la vía pública. “Fue una apuesta de Médicos del Mundo, que trabajó mucho con el barrio para que un recurso así pudiera ser aceptado. Cuando reabrimos la sala, el temor del vecindario era que se cerrara para siempre”, recuerda Fernández de Aguirre.

En 2024, el 14% de las personas atendidas fueron mujeres, una cifra que se mantiene estable. “En Ámsterdam, una de las salas cierra un día a la semana solo para mujeres, pero claro, allí hay varias. Aquí, si cerramos, los hombres se quedarían sin la posibilidad de consumir, así que intentamos generar espacios específicos dentro de la estructura, aunque no siempre es fácil”, explica la médica.

Las sustancias más habituales en la sala son la cocaína y la heroína, y en torno al 90 % de las personas usuarias son de origen local. Durante la pandemia, el equipo comenzó a trabajar con el Ayuntamiento a través de unidades móviles que visitaban los recursos de alojamiento temporales para personas sin hogar. Fue entonces cuando lograron contactar con colectivos de personas migrantes.

Actualmente, Bilbao cuenta con dispensación de material estéril durante, prácticamente, todo el día. Junto a Andén 1, Bizkaisida y Honzta —un albergue nocturno—, también lo hace una red de farmacias que participa en el intercambio de jeringuillas, al igual que en Barcelona. Sin embargo, Sánchez subraya que este tipo de recursos no se replican en otras partes de Euskadi: “Es un tema delicado, porque las drogodependencias suelen quedar al final de la lista de prioridades institucionales”.

Tanto Fernández de Aguirre como Sánchez acumulan más de dos décadas de trabajo en el ámbito de las adicciones. “Aquí estás en contacto con realidades muy auténticas y muy desatendidas, con mucho sufrimiento, pero también con momentos de mejora que vale la pena acompañar”, dice Fernández de Aguirre. Sánchez coincide: “Este trabajo te aporta mucho, no solo profesionalmente, también en lo personal. Es un espacio hostil, sí, pero también muy humano”. Y critica la falta de una mirada de psicología comunitaria en el sector: “A veces cuesta aceptar que los frutos del trabajo no son para el profesional, sino para la persona que tienes delante”.

La Mesa de Reducción de Daños de Bilbao agrupa a las principales entidades que trabajan bajo este enfoque. Otra de ellas es Bizkaisida —Comisión Antisida—, situada a escasos metros de Andén 1. El centro dispone de espacios para el descanso, la higiene y la alimentación, y ofrece pruebas rápidas de VIH, hepatitis y sífilis. “Nacimos en el 87 como una respuesta directa a la situación del VIH en la ciudad. De hecho, en la calle paralela, la Dos de Mayo, se abrió el primer punto de intercambio de jeringuillas del Estado”, destaca Asier Orcajo, coordinador del programa de diversidad y salud comunitaria.

Bizkaisida es un centro de baja exigencia, es decir, un espacio de acogida para personas en situación de vulnerabilidad, donde se cubren las necesidades básicas y se ofrece acompañamiento integral. “Aquí no juzgamos el consumo. Si una persona se inyecta, no le vamos a decir que deje de hacerlo; le damos material limpio y tratamos de prevenir daños mayores”, explica Orcajo, médico de profesión. “A veces cuesta desprenderse del chip de la salud entendida solo como prevención o curación. Es un enfoque del que yo también me he tenido que deshacer, que nos lo meten muy a fuego en la facultad y que va muy de la mano del estigma”, explica Orcajo, médico de formación. 

Sobre la realidad humana, el médico cuenta que atienden a unas 360 personas al año. Muchas de ellas son conocidas en el recurso y tienen un vínculo con la comunidad. Aunque ahora existen más tratamientos que hace veinte años, la mayoría carga con enfermedades y una pérdida de salud agravada, en muchos casos, por la situación de calle en la que se encuentran. De ahí que el trabajo de la entidad vaya mucho más allá del consumo. “Una parte es intentar hacer un análisis de la situación, entendiendo cómo funciona el engranaje burocrático: el famoso padrón, súper necesario para tantas cosas y tan lejos para tantas personas”. 

Es por ello que también realizan un trabajo de acompañamiento en ámbitos donde las personas suelen enfrentarse a un trato desigual: “Acompañar a estas personas a la oficina de empleo, al centro de salud, al hospital, al juzgado, a poner una denuncia si procede, además de hacerlo más humano y amable, previene situaciones de discriminación. Por desgracia, la presencia de una persona con aspecto más o menos normativo y que sabe decir las cuatro palabras que la otra reconoce es, por desgracia, una forma de prevenir situaciones de tantas fobias, como la yonkifobia”.

Además de Bilbao y Barcelona, en el Estado español también existen salas de consumo supervisado en Madrid. Estas se encuentran en Cañada Real, un barrio situado a las afueras de la capital, uno de los más empobrecidos y, por lo tanto, más estigmatizados del Estado. Desde hace más de cuatro años, la mitad de su población vive sin suministro eléctrico o con cortes constantes. La mala gestión institucional y el abandono estatal han agravado aún más las condiciones de vida en la zona. Tras varios intentos de contacto, tanto con las personas profesionales del sector como con la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, ambos bajo gobierno conservador, las autoridades rehusaron participar en la investigación. Tampoco facilitaron el acceso a los recursos.

La reducción de daños en el uso recreativo

Ronda el mes de agosto y son vísperas de las fiestas de la Virgen Blanca en Vitoria-Gasteiz. En el local que la asociación Ai Laket! tiene en el casco histórico, varias de sus socias preparan un carro lleno de botellas de agua, frutos secos, galletas y preservativos. Visten una bata blanca y pelucas de colores. Al salir por la puerta, se dividen en dos grupos, uno de ellos recorre el Casco Viejo y el otro va hacia el campus universitario. Allí, se paran con los grupos de jóvenes que comienzan a hacer botellón y les explican cómo reducir los riesgos a la hora de tomar: beber agua entre copa y copa, picar algo de comida y, especialmente, no dejar a ningún amigo o amiga sola si está borracha. También hablan de la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Lo hacen sin culpabilizar ni juzgar, simplemente informando de los riesgos y cómo reducirlos.

Ai Laket! es una organización de personas usuarias y ex usuarias de drogas por la reducción de riesgos, referente en el ámbito del ocio en Euskal Herria. Además de la información, realizan análisis de sustancias, tanto en espacios recreativos como desde su punto fijo en la sede central. “Las drogas han estado siempre y van a seguir estando; no puedes ponerle puertas al campo. Si nadie ofrece información objetiva, la gente se expone a muchos más riesgos. Por eso nuestro trabajo no es juzgar, sino hablar de placeres y de riesgos con claridad y sin tabús”, dice Jon Iriazabal, socio de Ai Laket! 

A nivel nacional, el proyecto pionero de reducción de riesgos a nivel recreativo es Energy Control, con presencia en Catalunya, Madrid, Illes Balears y Andalucía. Nació en Barcelona en 1997 y, al igual que la entidad vasca, además de ir presencialmente a los lugares de ocio para el testeo de sustancias y ofrecer información, también tienen un punto fijo donde cualquier persona puede conocer el contenido de lo que ha adquirido. Berta de la Vega, coordinadora de la delegación de Madrid, subraya la importancia de la información verificada. “Si la decisión de una persona es consumir, debería poder hacerlo sin recibir estigma. Y que pueda hacerlo teniendo una red, –profesional, personal o ambas— sería lo ideal, pues con estigma, rechazo y miedo nadie puede gestionar de una manera coherente y sana. Pero nos sigue pesando mucho la moral. Hablamos de vidas, de bienestar, de salud pública”.

Otro ejemplo de innovación en salud comunitaria es el Psicare, un programa de atención psicosocial y de reducción de riesgos que se instala en festivales, eventos musicales o espacios de ocio. Para Víctor Rivas, psicólogo y acompañante de procesos personales, se trata de un espacio seguro. “Es una figura de soporte y sostenimiento de personas que han tomado alguna sustancia psicodélica y viven una experiencia que les desborda o necesita acompañamiento”. Rivas realiza esta labor de manera voluntaria, ya que se trata de dispositivos y organizaciones alternativas. Aun así, destaca la importancia de extender estas iniciativas a otros eventos más populares, por el valor pedagógico y educativo que ofrecen en torno al uso de sustancias psicodélicas. 

La falta de financiación generalizada en Europa

Todos los recursos mencionados tienen financiación local o nacional, no europea. Mientras que Catalunya es un referente —tanto a nivel estatal como europeo— por su enfoque sobre las drogas centrado en la salud y en las personas, en Italia no fue hasta 2017 cuando una ley reconoció la reducción de daños como parte del derecho a la salud, aunque sin especificar cómo debía financiarla el sistema nacional. En la práctica, solo algunas regiones la aplican. Al igual que en el Estado español, los primeros servicios surgieron impulsados por madres de personas que usaban heroína en los años ochenta —como la asociación La Tenda, en Roma— o por colectivos de personas consumidoras, como Lab57 en Bolonia. Sin embargo, en Italia, a lo largo de cuatro décadas estos proyectos han vivido altibajos según los vaivenes políticos, ganando o perdiendo apoyo económico sin una política estatal estable.

Las personas que trabajan en organizaciones dedicadas a la reducción de daños subrayan que la financiación actual es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los servicios. En algunas regiones —como el distrito capital— los salarios se mantienen en los mismos niveles de hace una década. “El nivel de financiación en Italia no permite contratar profesionales a tiempo completo, ni siquiera a tiempo parcial, como sucede en otros países”, explica Elisa Fornero, una de las coordinadoras de la asociación Neutravel, en Turín. Las medidas puntuales del Ministerio de Política Antidroga son también restrictivas y limitadas, y no contemplan las iniciativas de reducción de daños. El gobierno de Giorgia Meloni ha llegado incluso a minimizar públicamente su eficacia.

A pesar de ello, ciudades como Nápoles, Milán, Turín y Bolonia han encontrado la manera de integrar los servicios de reducción de daños en sus sistemas públicos de bienestar, y Roma prevé hacerlo en los próximos meses. Estos municipios se han articulado en la Red Elide, con el objetivo común de impulsar estrategias innovadoras en materia de drogas. De todas ellas, Bolonia es la única que ha conseguido acceder a fondos europeos para sostener las operaciones de reducción de daños. El ayuntamiento utiliza recursos del programa Pon-Metro para financiar servicios de baja exigencia en zonas vulnerabilizadas (servizi a bassa soglia per la marginalità in città). En cambio, para las asociaciones del sector resulta mucho más complejo acceder directamente a este tipo de financiación: en los últimos diez años solo se ha registrado un caso, en el marco de una campaña de monitoreo de drogas. En aquella ocasión, los fondos se destinaron a la compra de un espectroscopio para el análisis de sustancias en contextos festivos.

Esta falta de financiación es una tendencia extendida en toda Europa. Adrià Cots, experto en políticas de drogas y derechos humanos, y asociado senior en el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas, recuerda: “En 2022 la Unión Europea cortó la financiación al Foro de Sociedad Civil sobre Drogas, una plataforma de organizaciones con enfoque de salud que asesoraba a la Comisión Europea. Más tarde en 2022, la Comisión Europea sacó una llamada para financiar proyectos sobre drogas, pero estaba limitada estrictamente a prevención y reducción de oferta, debido a que estaba vinculada al Internal Security Fund”.

Para el experto, a nivel europeo este cambio de rasante está clarísimo, y es muy preocupante, especialmente de cara a la nueva estrategia de drogas, que se está negociando ahora y empezará en 2026. 

Además, con el avance de la extrema derecha en el continente, Cots observa una priorización clara de los enfoques de control de oferta por encima de los de salud pública y reducción de daños, siendo Italia un ejemplo paradigmático. “A nivel europeo, este cambio de rasante es evidente y muy preocupante —añade—. Se está negociando ahora la nueva estrategia de drogas y la llamada a contribuciones de la Comisión Europea fue alarmante: presentaba la estrategia como un documento antitráfico, algo inédito hasta ahora”.

Este reportaje es parte de una investigación más amplia que fue posible gracias al apoyo de Journalismfund Europe. La investigación en el Estado español ha sido realizada por Julia Molins y Marta Saiz. Y en Italia por Gabriele Di Donfrancesco y Lorenzo Sangermano.