España ha demostrado recientemente que puede ejercer una valentía política lúcida cuando decide afrontar la realidad en lugar de negarla. La regularización de cerca de medio millón de personas migrantes en situación administrativa irregular fue una decisión estratégica, responsable y democrática. Reconoció un hecho social existente y optó por ordenarlo, integrarlo y dotarlo de derechos.
Si miramos con atención, veremos que las políticas migratorias y las políticas de drogas comparten trazos de un mismo ADN: la obsesión securitaria, la paranoia del control externo, la aporofobia y el estigma, la externalización de la represión y el temor a la palabra que podría ordenar el caos y ayudar a gestionarlo mejor.
Nuestra respuesta oficial al fenómeno de las drogas se nutre desde hace tiempo de una autocomplacencia anclada en las reacciones que surgieron frente a la crisis de la heroína de los años 80 y que seguimos exportando a otras latitudes, especialmente en América Latina. La cooperación con la región se ha centrado en gran medida en la interdicción y la represión, en un contexto dominado hoy por una abundancia de drogas donde tráfico y consumo presentan fronteras mucho más difusas.
No solo Trump bombardea extrajudicialmente a “posibles” narcos, también lo hace Europa a su manera. El impacto de la cooperación internacional en materia de drogas en los últimos años —en muertos, desaparecidos, encarcelados y oportunidades perdidas para el desarrollo— ha sido brutal en numerosos países del Sur. Como recordó hace pocos años la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las políticas de drogas se crearon para cuidar la salud y, sin embargo, en muchos contextos están generando más muertes y vulneraciones de derechos que las propias sustancias.
En España tampoco revisamos con suficiente profundidad los énfasis de nuestras intervenciones. La mayoría de los encarcelados por delitos relacionados con drogas son actores poco relevantes en las organizaciones criminales, como lo serán los “petaqueros” de las lanchas que empiecen a ser condenados tras la reciente reforma del Código Penal. Mientras tanto, nuestros resultados en la lucha contra el blanqueo de capitales y la recuperación de los beneficios del narcotráfico son francamente pobres. Las estimaciones oficiales apuntan a que apenas se recupera en torno al 1% de las ganancias del crimen organizado, como reconoce nuestra fiscal antidrogas en sus intervenciones.
Las cifras ilustran bien esa asimetría. El 65% de las más de dos millones de multas impuestas en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana (ley Mordaza), todavía sin reformar, están relacionadas con el consumo o la posesión de drogas en espacios públicos —porcentaje que asciende al 73,2% en 2024—. Entre 2015 y 2024, estas sanciones generaron una recaudación cercana a 839 millones de euros. En contraste, los recursos decomisados a organizaciones del narcotráfico desde 2002 apenas superan los 500 millones.
Los últimos informes de la Agencia Europea de Drogas son claros: cada vez más sustancias, mayor variedad, precios más asequibles, mayores niveles de pureza y más problemas de consumo, así como de violencia asociada, no a los consumidores, sino a los actores de los mercados ilegales. A la vez, España encabeza los indicadores de consumo de cannabis en la Unión Europea entre jóvenes de 15 a 34 años. La prohibición no ha evitado el consumo. Tampoco ha logrado reducir la disponibilidad.
Mientras tanto, la respuesta desde la salud y lo social se vuelve cada vez más cicatera. Presupuestos nacionales, autonómicos y locales obligan a las entidades de la sociedad civil a sostener con recursos precarios una realidad de consumos cada vez más compleja. La desproporción entre el esfuerzo sancionador y la inversión en prevención y reducción de daños es evidente.
El reciente Real Decreto que regula el cannabis medicinal ejemplifica también las asignaturas pendientes. Tras un largo proceso legislativo, el modelo aprobado es un paso pequeño, restrictivo y claramente insuficiente. Beneficia principalmente a determinados operadores farmacéuticos, excluye el autocultivo terapéutico y deja fuera a muchos pacientes que no encajan en el marco diseñado. Al mismo tiempo, el autocultivo para uso adulto es tolerado en el ámbito privado si no es visible y es para consumo propio; el cultivo y consumo colectivo —los clubes sociales— permanecen en un limbo jurídico; y la producción y venta para uso adulto continúa tipificada como delito de tráfico de drogas. El resultado es una arquitectura normativa fragmentada que ni ordena el mercado ni reduce riesgos, pero sí mantiene intacto el circuito penal.
En este contexto, la nueva estrategia europea en materia de drogas profundiza esa deriva securitaria. La asimetría ética es evidente: las muertes por consumo en Europa se invocan como justificación urgente para endurecer la respuesta punitiva, mientras que las muertes, vulneraciones y daños sistémicos derivados de la lógica de la “guerra contra las drogas” quedan fuera del balance moral. Sin integrar esta dimensión, la UE corre el riesgo de proteger vidas en su territorio sobre el papel, mientras externaliza violencia y sufrimiento hacia los mismos territorios y comunidades que afirma apoyar.
Si queremos resultados distintos, necesitamos hacer algo distinto. Innovar no es liberalizar sin límites, ni desentenderse de los riesgos. Es reconocer que repetir recetas heredadas no está produciendo los efectos prometidos. Significa abrir espacios piloto de gestión responsable, reforzar la evaluación independiente de impactos, integrar salud pública, derechos, reducción de daños y desarrollo sostenible como ejes centrales, y atrevernos a ensayar nuevas ecuaciones cuando las viejas han demostrado sus límites.
España tiene capital político para hacerlo. Nuestro país podría implicarse con la misma valentía en el debate europeo e internacional sobre drogas, impulsar una conversación menos securitaria, humanizadora y orientada a la gobernanza responsable de mercados que ya existen de facto, buscando aprender y construir alianzas con países que están experimentando modelos alternativos de gestión pública.
Regularizar fue un acto de lucidez democrática. Mejorar y ordenar nuestras políticas sobre drogas es una cuestión de coherencia institucional. Seguir aplazando el debate no es prudencia estratégica. Es miedo a asumir que gobernar implica establecer reglas más eficaces que la mera prohibición.
Y en política pública, el miedo rara vez produce buenos resultados.
