La legalización del cultivo y consumo de la marihuana hizo que en 2013 el mundo mirara hacia Uruguay, al punto que la prestigiosa revista británica The Economist lo nombrara país del año, destacándolo como un Estado «modesto, audaz, liberal y amante de la diversión». Esa norma que contempla además la producción y la venta en farmacias corre serio riesgo de quedar muy recortada con independencia de sea el próximo presidente.
La norma votada el año pasado y reglamentada en mayo de este año establece tres formas en las que un consumidor puede acceder a la marihuana. La primera es el autocultivo, con una mayoría de seis plantas por persona; la segunda es asociándose a clubes de membresía, con un máximo de 45 socios y 99 plantas y, por último, comprar en farmacias la que cultivará el Estado. Esta última parte es la que más discusiones genera: la de la venta al público.
El que primero sorprendió con su postura fue el candidato oficialista, Tabaré Vázquez, quien alertó sobre la posibilidad de que los farmacéuticos que vendan la marihuana puedan sufrir represalias por parte de los traficantes de drogas de la zona, a los cuales se les terminaba el negocio. «Los narcos son implacables cuando se les ataca el negocio, incluso entre ellos mismos y por eso hay ajustes de cuentas. Les van a decir que les prenden fuego las farmacias o que van a tener un accidente. Hay que darles protección del Estado. Es increíble, pero si lo dice la ley hay que respetarla», lanzó el problema. Esto le valió el enfrentamiento con el presidente José Mujica, impulsor de la legislación, quien le respondió por los medios muy cortante: «Es un problema de él», le mandó un mensaje al candidato de su agrupación.
En la oposición, algo más previsible, no sólo critican las ventas en farmacias sino que avanzarán más en caso de llegar al poder. El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, ya dijo que está dispuesto a derogar gran parte de la ley, menos el autocultivo. «El tema de mezclar droga con plata hace que el estado abandone su rol principal, que es velar por la salud pública, prevenir adicciones. Todo esto me hace pensar que el Estado se mete en algo que no va a poder resolver y que no le compete», decía hace unos días el candidato blanco al diario El País de Montevideo. «Voy a derogar todo lo que no me parece adecuado, pero yo voté el artículo del autocultivo», dijo este abogado y surfista, de 41 años.
En la misma línea, el candidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, advirtió que en caso de ganar las elecciones está dispuesto a derogar el 100% de la ley. Para Bordaberry la venta por parte del Estado podría incrementar los problemas de seguridad que él denuncia.
Ese cruce de las dos figuras del Frente Amplio, también se traslada a la militancia. Los grupos vinculados a Mujica defienden la medida, sobre todo sus sectores más jóvenes, pero en cambio en los más moderados y entre los militantes del interior, los planteos están más divididos. El jueves pasado, luego del cierre de campaña en Montevideo, un grupo de chicos que venían de Soriano, un departamento a 250 kilómetros de la capital, le contaron a Clarín que a ellos se les hacía muy difícil «explicarle a la gente que vive allá qué es lo positivo de permitir el consumo de droga». «Todos nos dicen que hay cosas más importantes por resolver. Para nosotros es un logro, pero a ellos les cuesta verlo», señalaban.
Al margen del debate, aún no se empezó a plantar el cannabis, la situación está en pausa y hasta marzo, cuando asuma el reemplazante de Mujica, no habrá muchas novedades.
