En España, el consumo de alcohol y de drogas ilegales es uno de los principales factores de riesgo en relación a la carga de morbilidad, media en Años de Vida Ajustados por Discapacidad o AVAD (Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, 2021). Según el informe EDADES, en 2022, el 16,7% de la población española entre 15 y 64 años tuvo un consumo intensivo de alcohol. De hecho, el alcohol es una de las sustancias más consumidas en nuestro país durante este pasado año, seguido del tabaco, los hipnosedantes, el cannabis y la cocaína (Ministerio de Sanidad, 2023).
Lo anterior ha situado y sitúa España en un puesto preocupante en el ranking de países en cuestión de adicciones (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2016), dando lugar esfuerzos significativos en décadas recientes para contrarrestar los efectos del consumo de drogas a nivel individual y social en general, con el consiguiente coste (Barrio et al., 2017; Rivera et al., 2017). Se ha generado así un sistema de atención a las adicciones con un elevado número de dispositivos y programas, pero con un alto grado de fragmentación a nivel territorial. España no cuenta con un directorio nacional completo de servicios, sino que es necesario acudir a las diferentes administraciones autonómicas con competencias en la materia, y dentro de ellas a los diferentes sectores implicados, para conocer cuáles son. Junto a esta fragmentación, el estudio y comparación de la provisión y disponibilidad de servicios en materia de adicciones se hace más difícil debido a problemas de inconmensurabilidad (diferentes unidades) y variedad terminológica (diferentes nombres), suponiendo una importante limitación para los entes públicos decisores, así como para los técnicos y gestores de las adicciones en España.
