La Policía Local de La Laguna tendrá, a partir de finales de febrero, la competencia para sancionar el consumo de drogas en los lugares públicos; mientras que el área de Seguridad Ciudadana podrá ejecutar el cobro de la multa. Todo ello a raíz de una nueva ordenanza que será aprobada en el pleno de este jueves y donde la corporación asumirá la potestad sancionadora en materia de tenencia ilícita de y consumo de drogas.
Así, las sanciones propuestas en esta nueva ordenanza varían en función de la sustancia aprehendida, la cantidad, la edad del sujeto infractor y su posible reincidencia. Las cuantías oscilan entre los 100 y los 600 euros. Por ejemplo, si la sustancia es hachís, cannabis o marihuana, la multa será de 100 euros si el infractor tiene entre 14 y 15 años y se le incauta hasta tres gramos. Si el infractor es mayor de 18 y se le detecta de 20 a 30 gramos, la multa ascenderá a 600 euros.
Además, la ordenanza contempla que a partir de esta cantidad, las cuantías señaladas se incrementarán en 100 euros por cada tramo de 10 gramos. Si las sustancias son anfetaminas, cocaína, heroína, éxtasis y demás, la multa de 600 euros se aplicará a mayores de 18 años con una cantidad de 6 a 8 gramos. Asimismo, a partir de esta cantidad, las cuantías señaladas se incrementarán en 100 euros por cada tramo de 2 gramos.
Sin embargo, la ordenanza también recoge la posibilidad de suspender las sanciones impuestas si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio acreditado, durante el tiempo prescrito por un facultativo.
Al respecto, la Policía Local de La Laguna ha establecido un nuevo protocolo de actuación en esta materia, y ha establecido un acuerdo con el Instituto de Toxicología de Santa Cruz de Tenerife, para el análisis de la sustancias aprehendidas por los agentes.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Clavijo, explicó ayer que en la actualidad los expedientes sancionadores derivados de las actas levantadas por la Policía Local en materia de estupefacientes son instruidos por la Subdelegación del Gobierno. Ahora se pretende que esta potestad sancionadora sea asumida por el propio Ayuntamiento, tal y como le permite la legislación, de manera que su área complete todo el proceso, desde que se levanta el acta hasta que se impone la correspondiente sanción, que constituye una infracción administrativa.
