Redacción-
Singapur llevó a cabo la ejecución de Saridewi Djamani, una mujer de 45 años y ciudadana singapurense, condenada a muerte en 2018 por traficar 30 gramos de heroína. Esta ejecución marca la primera vez que se ejecuta a una mujer en Singapur en casi dos décadas. Grupos de derechos humanos protestaron contra la pena de muerte, y organizaciones como la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, la Federación Internacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional instaron al gobierno a detener la ejecución.
Saridewi argumentó que no pudo dar declaraciones precisas a la policía debido a su estado de abstinencia de drogas en ese momento, pero un juez desestimó esta defensa, alegando que solo experimentó una abstinencia leve a moderada de metanfetamina, lo que no afectó su capacidad para dar declaraciones.
Esta ejecución es la segunda de la semana y la decimoquinta desde que Singapur reanudó las ejecuciones en marzo de 2022, después de una pausa de dos años durante la pandemia. Los activistas cuestionan la efectividad disuasoria de la pena de muerte y argumentan que el castigo es desproporcionado, afectando a los más vulnerables y marginados. También señalan que algunos presos se representan a sí mismos en sus apelaciones debido a la dificultad para acceder a abogados.
El gobierno de Singapur defiende la pena de muerte como una medida eficaz para prevenir delitos relacionados con las drogas y asegura que sus procesos judiciales son justos. Sin embargo, organizaciones internacionales han instado a aumentar la presión para poner fin a este enfoque punitivo y desproporcionado en las políticas de control de drogas.
En respuesta a las críticas, el gobierno de Singapur afirma que la pena de muerte por narcotráfico es necesaria para proteger a la sociedad de los daños causados por las drogas. Además, señalan que las drogas no solo afectan a las personas que usan drogas, sino también a sus familias y a la sociedad en general.
Esta serie de ejecuciones ha suscitado preocupación en la comunidad internacional, con críticos argumentando que Singapur está desconectada de las normas internacionales de derechos humanos y continúa aplicando la pena de muerte de manera acelerada desde que se levantaron las restricciones por la pandemia.
