El Sistema Español de Alerta Temprana sobre Sustancias Psicoactivas (SEAT) se ha consolidado como una pieza clave para anticipar los riesgos asociados a un mercado de drogas cada vez más dinámico y diverso. Así lo refleja el informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, que analiza por primera vez de forma monográfica el funcionamiento y la actividad de este sistema, creado para detectar de manera precoz nuevas sustancias y responder con rapidez ante posibles amenazas para la salud pública.
El informe sitúa el origen del SEAT en la expansión de las nuevas sustancias psicoactivas. Muchas de estas sustancias no están incluidas en los convenios internacionales sobre drogas, pero pueden provocar efectos similares o más graves que las sustancias ya fiscalizadas. Esta situación genera un vacío temporal entre la aparición de una sustancia en el mercado y la adopción de medidas de control, un periodo en el que pueden producirse intoxicaciones, daños graves o incluso fallecimientos.
Para hacer frente a este escenario, el SEAT funciona desde 2012 como un sistema de intercambio de información que permite identificar señales de riesgo en una fase temprana. Coordinado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, el sistema se apoya en una red que integra a administraciones estatales y autonómicas, fuerzas de seguridad, laboratorios forenses, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y servicios sanitarios, entre otros. Además, está integrado en los sistemas europeos de alerta gestionados por la Agencia Europea de las Drogas y actúa como punto de enlace entre España y la Unión Europea.
El funcionamiento del SEAT se activa ante cualquier detección relevante, independientemente de su origen. Los datos recopilados se comparten dentro de la red y se comunican a los sistemas europeos de alerta, al tiempo que España recibe información procedente de otros países. Este intercambio continuo permite anticipar tendencias, identificar sustancias especialmente preocupantes y reforzar la capacidad de respuesta ante riesgos emergentes.
El informe describe el marco legal internacional, europeo y nacional. A nivel europeo, el Reglamento (UE) 2023/1322 refuerza los sistemas de alerta e introduce un modelo basado en tres fases: alerta temprana, evaluación de riesgos y medidas de control. En España, diversas actualizaciones normativas han permitido la fiscalización de numerosas sustancias en los últimos años, especialmente catinonas, cannabinoides sintéticos y semisintéticos, benzodiacepinas y nuevos opioides, ante su amplia disponibilidad y los riesgos para la salud detectados.
En el contexto europeo, se observa un mercado cada vez más dinámico y diverso. En 2024 se identificaron decenas de nuevas NSP, con especial preocupación por los cannabinoides semisintéticos, las catinonas sintéticas y los opioides nitazénicos, algunos extremadamente potentes. Aunque el número de nuevas catinonas ha disminuido, las cantidades incautadas han alcanzado niveles récord, lo que indica una producción y distribución a gran escala.
Respecto a la actividad del SEAT, el informe destaca un crecimiento muy notable de las notificaciones entre 2019 y 2024, tanto en número de sustancias como en volumen de casos. Este aumento se acentúa a partir de 2022, coincidiendo con la mejora de la red y la incorporación de datos procedentes de incautaciones, análisis de sustancias y muestras biológicas.
Solo en 2024 se registraron más de 12.600 casos, principalmente relacionados con incautaciones. La ketamina fue la sustancia más notificada, seguida por GHB/GBL, pregabalina y varias catinonas. También se notificaron numerosas sustancias bajo vigilancia intensiva europea, especialmente la catinona 2-MMC. En el ámbito sanitario, se comunicaron casos de intoxicaciones agudas, muchas vinculadas a comestibles con cannabinoides semisintéticos y a problemas neurológicos asociados al uso recreativo de óxido nitroso.
El documento subraya que el sistema permite identificar grupos de sustancias que requieren una vigilancia prioritaria y emitir alertas cuando se detectan riesgos para la salud. Esta función es especialmente relevante en un contexto en el que algunas sustancias se comercializan ampliamente y pueden llegar a poblaciones vulnerabilizadas, generando problemas sanitarios antes de que existan respuestas regulatorias.
