El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), del que forman parte más de 30 sociedades científicas, califican de «incoherente» y de «aberración» la declaración de cinco comunidades autónomas en defensa del sector tabaquero ante la revisión de la normativa europea.
Andalucía, Canarias, Cantabria, Extremadura y La Rioja han expresado en un texto conjunto su «preocupación» ante la revisión de la Directiva 2001/37/CE sobre los productos del tabaco por las «graves consecuencias» que podría provocar para los intereses del Estadoy la economía nacional, y en particular, de aquellas regiones donde es un sector estratégico.
«No se puede poner una vela a Dios y otra al diablo», aseveran los profesionales sanitarios, para quienes sostener este criterio es «indignante», puesto que en la declaración subrayan que comparten, entre otros, el objetivo de la norma de proteger la salud y reducir el consumo de tabaco entre los jóvenes.
«Si es así, ¿por qué tratan de desvirtuarla hasta dejarla en nada o en simple papel mojado?», se preguntan en la junta directiva del CNPT.
Los sanitarios mantienen la tesis de que el encuentro donde se ha suscrito la declaración, celebrado en las instalaciones de la empresa Altadis, ha sido una «obscena confluencia de intereses económicos y políticos».
Firmar este documento en la sede de una multinacional tabaquera no sólo conlleva, para este colectivo, una «pérdida de todo su valor y credibilidad político-institucional», sino que además «pone a los políticos que la han ratificado bajo la sospecha de estar en una confluencia de intereses oscuros» con una industria «que se niega a ser regulada y únicamente persigue el mantenimiento de su cuenta de resultados».
De hecho, en el CNPT están convencidos de que «asistimos a una estrategia declarada en virtud de la cual la industria del tabaco moviliza en su favor a relevantes políticos con el fin de defender sus propios intereses».
Precisamente, hace ahora un año la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la celebración del Día Mundial sin Tabaco del 2012, alertaba de la interferencia de la industria tabaquera en las legislaciones y la política. La OMS recomienda que los países deberían aplicar, entre otras, las siguientes medidas: «limitar las interacciones con la industria tabacalera y dar a conocer todas las reuniones que mantengan con ésta; no aceptar las alianzas y los acuerdos sin fuerza jurídica con la industria; rechazar fondos y otras formas de apoyo de la industria, así como el respaldo y la participación de esta en iniciativas dirigidas a los jóvenes».
Además, advierte de que los países «no deben conceder estímulos, privilegios ni beneficios a la industria tabacalera, tales como subvenciones o exenciones de impuestos, y deben erigir muros de contención contra la interferencia de la industria en la salud pública».
