Sanidad retira a cinco Comunidades la ayuda para impulsar la ley antitabaco

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Sanidad ha dejado a Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, La Rioja y Baleares sin las ayudas que reciben anualmente para poner en marcha la ley antitabaco desde su entrada en vigor. El Ministerio considera que éstas «no respetaron el espíritu de la norma».

Desde la entrada en vigor de la ley de Prevención del Tabaquismo, Sanidad decidió dedicar parte de su presupuesto a políticas de prevención y cohesión del sistema sanitario. El objetivo era que cada comunidad financiara programas de prevención y control del tabaquismo en sus respectivos territorios en sintonía con las medidas adoptadas en la norma.

Así, en 2006 se destinaron 14 millones de euros de los cuales casi cinco se los repartieron las comunidades que, en esta ocasión, se quedarán sin tal aportación. En concreto, la Comunidad de Madrid recibió 2.017.337 euros; Comunidad Valenciana, 1.587.194 euros; Castilla y León, 849.280 euros; Baleares, 332.538 euros; y La Rioja, 101.840 euros.

No obstante, Sanidad ha decidido excluir a dichas comunidades en la suscripción de los convenios que firma con cada una y que permiten mantener dicha aportación. Considera que resulta «contradictorio que reciban ayudas para desarrollar una ley que no desarrollan».

Incumplimiento de la ley nacional

El Ministerio «reprocha» a estas cinco comunidades que en algunos casos no se ha establecido separación física entre zonas de fumadores y no fumadores en los locales de más de 100 metros cuadrados o que se permite fumar en cafeterías de los centro de trabajo, entre otras causas.

De hecho, el Gobierno ha recurrido varias normativas autonómicas ya que vulneran la ley nacional y son contrarias a los objetivos de la legislación estatal contra el tabaquismo.

Por ello, desde el Ministerio quieren precisar que esta decisión está «totalmente alejada de visiones partidistas», ya que afecta a Comunidades Autónomas tanto del PP como del PSOE, como en Baleares.

En el caso de esta comunidad, el Ejecutivo procedió recientemente a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional debido a un artículo que permite instalar máquinas expendedoras en comercios turísticos y comercializarlo.

Por otro lado, en Castilla y León la normativa autonómica no contempla la obligación de una separación física entre la zona de fumadores y no fumadores, tal y como recoge taxativamente el artículo 6 de la ley nacional.

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