Los obesos y los grandes fumadores deberán comprometerse firmemente a dejar sus hábitos –haciendo dieta y dejando de fumar respectivamente– si quieren seguir recibiendo asistencia gratuita por parte de la sanidad pública británica.
La última edición del rotativo británico «The Times» se hace eco de los planes del gobierno laborista de obligar a ambos colectivos a firmar un contrato en el que se responsabilicen de sus comportamientos si quieren seguir recibiendo ayuda del Estado. Quienes fallen en su determinación de cambiar sus hábitos de vida o dejen de acudir a las citas concertadas, podrían perder el derecho a asistencia gratuita.
Esta medida se enmarca dentro de la creciente preocupación que se vive en el Reino Unido por el elevado número de enfermedades y muertes relacionadas con el tabaco, el alcohol, las dietas poco saludables y el estrés que podrían evitarse. Estos problemas sitúan a los británicos entre los ciudadanos más afectados por enfermedades como el cáncer de pulmón o el infarto de corazón.
Los planes laboristas incluyen plasmar la responsabilidad de los pacientes, así como la de los propios médicos, en un documento por escrito en el que se comprometen a dejar de fumar y comenzar a hacer dieta a cambio de recibir tratamiento médico. Sin embargo, existen dudas sobre si este papel podría tener fuerza vinculante y tampoco está previsto ningún tipo de sanciones para aquellos «rebeldes» que no cumplan sus objetivos. Los políticos consultados han asegurado a la prensa británica que esto no es más que «el comienzo del debate», de manera que todos los «detalles» adicionales se irían perfilando a lo largo de un debate más amplio.
El plan, según «The Guardian», está plasmado en cinco documentos que están siendo analizados por los miembros del partido laborista, quienes lo debatirán el próximo otoño. De aprobarse esta decisión, la medida pasará a formar parte del programa electoral en los próximos comicios.
La filosofía que sustenta este tipo de políticas sanitarias es la de acabar con «gastos innecesarios», recordando a los contribuyentes que el Sistema Nacional de Salud es finito y que, por lo tanto, deben utilizar los recursos con racionalidad. Hasta ahora, en Inglaterra, ya se ha advertido de diversas formas a los pacientes que no acuden a las citas con el médico de cabecera –nada más y nada menos que unas 17 millones al año–.
Por su parte, desde el partido liberal, en la oposición, ya se han apresurado a criticar la medida por considerarla excesivamente dominante. El temor, expresado por el portavoz de sanidad de esta formación, Paul Burstow, es que el Sistema Nacional de Salud acabe estando «en manos de los proveedores, de quienes se encarguen de la firma de estos contratos y no de los pacientes».
