La recuperación de las adicciones como posible política pública en Estados Unidos

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Según un análisis del investigador Noel Vest, profesor asistente en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston, publicado en el medio especializado Times Higher Education, la recuperación de las adicciones está empezando a ocupar un lugar central en las políticas públicas en Estados Unidos, aunque los sistemas educativos todavía no están preparados para responder a esta nueva realidad.

El texto señala que a finales de enero la Casa Blanca anunció la Gran Iniciativa de Recuperación Americana, un esfuerzo federal destinado a coordinar la prevención, el tratamiento, la reducción de daños y el apoyo a la recuperación en todos los sistemas públicos. Esta iniciativa, según el autor, supone un reconocimiento de que la recuperación de la adicción no es un elemento secundario, sino una parte fundamental de la salud pública.

El análisis destaca el papel que pueden desempeñar los colegios y universidades, que acogen a millones de jóvenes en una etapa de la vida especialmente vulnerable al desarrollo de trastornos por uso de sustancias y a las sobredosis. Sin embargo, el artículo advierte de que la educación superior se está quedando atrás en la respuesta a estas necesidades.

Se estima que alrededor de 600.000 estudiantes universitarios se encuentran en procesos de recuperación, definidos como esfuerzos continuos para reducir o detener el consumo problemático de sustancias. No obstante, hasta el 60% de las personas experimentan recaídas y el riesgo puede ser aún mayor en el entorno universitario, donde el consumo es frecuente.

El autor reconoce que los programas de recuperación en universidades han crecido de forma significativa, multiplicándose más de seis veces en la última década. A pesar de esta expansión, muchos de estos programas siguen siendo limitados en alcance y recursos. En Estados Unidos existen casi 6.000 instituciones de educación superior, pero solo se han identificado algo más de 170 programas de recuperación universitaria, lo que deja a un gran número de estudiantes sin acceso a estos servicios.

Además, muchos programas no están plenamente integrados en los sistemas de salud de los campus, lo que obliga a los estudiantes a recurrir a servicios fragmentados o externos, con escasa coordinación entre la atención clínica, el asesoramiento y otros apoyos médicos. A ello se suma la dependencia de financiación a corto plazo, que dificulta la continuidad de las iniciativas y limita su capacidad para responder a una demanda creciente.

Otro aspecto destacado es la falta de flexibilidad en algunos programas. El autor explica que la recuperación no es un proceso único y que los estudiantes utilizan diferentes estrategias, que pueden incluir asesoramiento, reducción de daños, vivienda de apoyo o redes de pares. Sin embargo, algunos programas se centran exclusivamente en la abstinencia, mientras que otros priorizan únicamente la reducción de daños, sin integrar de forma coordinada la prevención, el tratamiento y el apoyo a largo plazo.

También se pone de relieve que solo alrededor de la mitad de los estudiantes que participan en programas de recuperación han recibido previamente tratamiento formal por uso de sustancias. Esto significa que muchos carecen de habilidades básicas para manejar desencadenantes, regular emociones o construir redes de apoyo, elementos considerados esenciales para sostener la recuperación.

Asimismo, se subraya la necesidad de adaptar los programas a las características de la población estudiantil. Por ejemplo, casi la mitad de los participantes en programas de recuperación universitaria se identifican como LGBTQIA+, una proporción superior a la media nacional, lo que refleja la presencia de factores adicionales de estrés, estigma y problemas de salud mental que pueden influir en los procesos de recuperación.

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