Transform Drug Policy Foundation ha publicado un artículo que cuestiona la reciente decisión del Gobierno de criminalizar la posesión de óxido nitroso para uso personal. A pesar de las preocupaciones legítimas sobre el óxido nitroso, la decisión de criminalizar la posesión parece ser impulsada más por consideraciones políticas que por evidencia científica.
El artículo destaca que esta medida implica un cambio en el estatus legal de la sustancia, pasando de la Ley de Sustancias Psicoactivas de 2016 a la Ley de Abuso de Drogas de 1971, con sanciones mucho más severas. El Consejo Asesor sobre el Abuso de Drogas (ACMD) había recomendado no criminalizar la posesión, argumentando que no era proporcionado ni respaldado por la evaluación de daños.
Transform Drug Policy Foundation resalta que la criminalización no aborda las preocupaciones identificadas y plantea graves consecuencias, como aumentar la carga sobre el sistema policial y judicial, especialmente para jóvenes de comunidades marginadas. Además, podría fortalecer a los grupos del crimen organizado.
El artículo concluye que en lugar de criminalizar, se deben implementar enfoques basados en la salud pública, como la educación de riesgos dirigida a grupos vulnerables y la regulación del mercado de óxido nitroso. La evidencia respalda soluciones pragmáticas en lugar de políticas «duras contra las drogas».
