“Alguien tiene que ser el primero”, decía en 2012 el expresidente uruguayo, José Mujica, cuando lo consultaban sobre la posibilidad de legalizar el mercado de cannabis en Uruguay y experimentar así una alternativa al prohibicionismo imperante. Tiempo después, en diciembre de 2013, el Congreso de su país aprobaba una ley que por primera vez en el mundo regulaba integralmente el mercado de cannabis para uso adulto o recreativo. Pasada una década se estima que el 51% de los uruguayos que fuma esta hierba lo hace dentro del circuito legal: la marihuana se vende en farmacias habilitadas, es posible cultivarla en casa u obtenerla en clubes cannábicos. “La ley parece estar cumpliendo su objetivo de reducir el narcotráfico”, señala un informe oficial de abril pasado. El acceso por ese mercado ilegal, explica la agencia Uruguay XXI, cayó del 58% al 24% entre 2014 y 2022.
En 2013, Uruguay (3,4 millones de habitantes) tomó el camino inverso al adoptado por la mayoría de países y optó por la legalización del consumo adulto o lúdico de cannabis antes de regular el empleado con fines medicinales o industriales. La ley 19.172, aprobada con los votos de la izquierda y rechazada en bloque por la centroderecha, determinó el control y regulación estatal de la producción, venta y consumo del cannabis, haciendo hincapié en la prevención de su uso problemático, la seguridad de la población y la reducción del narcotráfico. La despenalización avanza en muchos países, pero a 2023, solo Uruguay, Canadá y algunos de los estados de Estados Unidos, indica el informe citado, legalizaron totalmente la venta comercial de cannabis para uso adulto. En Colombia, el Congreso acaba de rechazar esa posibilidad, mientras que en Alemania una ley aprobada en agosto con ese fin se pondría en práctica en 2024.
