Panamá, 27 sep (PL) El gobierno panameño presentó hoy un programa dirigido a ocupar a los jóvenes en actividades que los alejen de la delincuencia y la drogadicción.
Leonor Calderón, ministra de la Juventud, la Niñez y la Familia, señaló que con la iniciativa se procura contrarrestar el aumento de la tasa delincuencial en esa generación y acallar las preocupaciones ciudadanas al respecto.
El proyecto, presentado por la administración de Martín Torrijos, se denominará Mano Amiga y se desarrollará en una primera etapa en distritos populosos y con altos índices de riesgo como San Miguelito, al este de esta capital.
También se establecerá en corregimientos similares como El Chorrillo, Santa Ana, Curundú, San Felipe y Tocumen, también en esta ciudad.
Según Calderón, la idea prevé abarcar en sus primeros momentos a personas de 14 a 17 años e identificar a adolescentes líderes, crear grupos de teatro y fútbol, así como realizar talleres para adolescentes.
La directora ejecutiva del Programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Carol Bellamy, consideró que las actividades previstas en el programa nutren la autoestima de los jóvenes.
Bellamy expresó además su convencimiento sobre la necesidad de aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Panamá en 1990.
Torrijos señaló que el proyecto apunta a una sociedad sin drogas y con una vida digna para los jóvenes.
Un programa bien distinto, centrado en el aumento de condenas contra los delincuentes y, sobre todo, contra los menores infractores, implantó la otrora presidenta Mireya Moscoso, recordaron las fuentes.
A sólo dos meses de su salida del poder, la mandataria lanzó su plan Mano Dura, que -entre otras propuestas- pretendió elevar de siete a 10 años la pena de prisión contra infractores adolescentes de más de 14 años.
Esa propuesta fue rechaza por el Poder Legislativo, pero suerte muy diferente tuvo la ley contra las pandillas juveniles y la tenencia y tráfico ilegal de armas, aprobada el 16 de agosto del 2004.
Tal legislación estableció medidas de protección para los testigos y delatores de las bandas e incluyó el castigo de hasta seis años de cárcel para quienes portaran armas ilegales, entre otras penas.
Moscoso, cuyas iniciativas fueron criticadas duramente por violar disposiciones internacionales a favor de la niñez firmados por Panamá, también procuró impulsar el restablecimiento de la pena de muerte.
La gobernante descartaba toda posibilidad de resocialización de los jóvenes y no dejaba alternativas para enfrentar el crimen, coincidieron entonces varias organizaciones humanitarias nacionales e internacionales.
