Un total de 177 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta al Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, para instar a la institución a mantener y reforzar su liderazgo en materia de reducción de daños frente a personas que usan drogas. La iniciativa fue coordinada por el International Drug Policy Consortium (IDPC), en estrecha colaboración con INPUD (International Network of People who Use Drugs) y Harm Reduction International (HRI), entre otras.
Las organizaciones recuerdan que la OMS fue la primera agencia de Naciones Unidas en respaldar plenamente el enfoque de reducción de daños, aportando tanto orientación normativa como liderazgo diplomático en políticas diseñadas para proteger a las personas de riesgos prevenibles como el VIH, la hepatitis C, las sobredosis y las muertes relacionadas con el consumo de drogas. Señalan que el Departamento de VIH, hepatitis y ETS ha desempeñado un papel esencial para la adopción de estas políticas a escala global y que su debilitamiento o fusión con otros programas supondría un retroceso grave en los avances logrados.
La carta subraya la magnitud de los desafíos actuales. Las personas que se inyectan drogas tienen catorce veces más probabilidades de contraer VIH que el resto de la población adulta y, a pesar de esta urgencia, la financiación internacional para programas de reducción de daños en países de ingresos bajos y medios apenas cubre un 6 % de las necesidades anuales estimadas. Ante esta brecha, las organizaciones sostienen que la OMS no puede permitirse perder su capacidad técnica ni su voz política en la materia.
El texto también pone de relieve una oportunidad inmediata: la resolución 68/6 de la Comisión de Estupefacientes (CND), adoptada en 2025, que establece un panel de 19 personas para revisar el sistema internacional de control de drogas. La OMS tiene la facultad de nominar a uno de sus miembros y, según las organizaciones, resulta crucial que esa designación recaiga en una persona experta comprometida con la reducción de daños, los derechos humanos y con sólidos vínculos con las comunidades de personas que usan drogas.
Finalmente, las 177 entidades firmantes ofrecen su apoyo a la OMS como aliados activos y recalcan la urgencia de preservar su liderazgo en un momento crítico para la salud pública global. Advierten que cualquier debilitamiento de su compromiso supondría un grave retroceso y pondría en riesgo la vida de millones de personas que dependen de políticas basadas en la evidencia y en los derechos humanos.
