El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó por consenso la Resolución 60/26 sobre «Las implicaciones de la política de drogas en los derechos humanos», una iniciativa impulsada por Colombia en nombre de un grupo interregional de países. La medida refuerza la incorporación del enfoque de derechos humanos en los debates globales sobre política de drogas, en un momento en que la comunidad internacional revisa los fundamentos del régimen mundial de control. Tras semanas de negociaciones y meses de trabajo de la sociedad civil, la resolución fue presentada como una victoria diplomática significativa y cuenta con el respaldo de 35 copatrocinadores.
El acuerdo, adoptado el 8 de octubre de 2025, perseguía tres objetivos principales: afirmar el papel del Consejo de Derechos Humanos como espacio legítimo e independiente para tratar los impactos de la política de drogas, fortalecer el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) en la elaboración de orientaciones y recomendaciones, y consolidar un lenguaje más amplio de derechos humanos en este campo. En buena medida, los tres objetivos se lograron, abriendo una nueva etapa para las discusiones sobre drogas y derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas.
Hasta ahora, los debates sobre drogas se habían desarrollado principalmente en la Comisión de Estupefacientes (CND) en Viena y en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Sin embargo, esta medida posiciona al Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, como un actor con autonomía para examinar las consecuencias de las políticas de drogas en la dignidad humana, la igualdad y la salud pública. Es la cuarta resolución del Consejo sobre esta materia —tras las de 2015, 2018 y 2023—, pero la primera que establece claramente su independencia de los procesos de Viena y Nueva York. A pesar de la resistencia de algunos estados, que temían una posible erosión del régimen internacional de control de drogas, la mayoría de los países respaldaron el texto como un esfuerzo para mejorar la coherencia entre los sistemas de derechos humanos y control de drogas.
El segundo avance clave fue el reconocimiento del papel del OACDH. La resolución le otorga un mandato explícito para elaborar un informe centrado en las implicaciones de la política de drogas para las mujeres y las niñas, y fomenta que los mecanismos de derechos humanos compartan sus aportes con la Comisión de Estupefacientes. Si bien varios países se opusieron a la periodicidad de estos informes, la aceptación de un mandato concreto representa un paso sustancial en la consolidación de un rol permanente para el sistema de derechos humanos de la ONU en este ámbito.
En cuanto al contenido, la resolución introduce un lenguaje renovado, más inclusivo y menos estigmatizante. Por primera vez se elimina la referencia a una «sociedad libre de abuso de drogas», una expresión históricamente usada para justificar políticas represivas, y se sustituye el término «personas con trastornos por consumo de drogas» por «personas que consumen drogas». Este cambio lingüístico refleja una intención de reducir el estigma y promover la inclusión. Además, el texto amplía el reconocimiento de derechos al incluir la obligación de garantizar un medio ambiente limpio, saludable y sostenible en el diseño de políticas de drogas, así como la necesidad de proteger los derechos de los pueblos indígenas, respetar los usos tradicionales y fortalecer las estrategias de desarrollo alternativo.
Otro aspecto relevante es la protección del espacio de la sociedad civil. La resolución llama a los estados a crear y mantener entornos seguros y propicios para que las organizaciones y comunidades afectadas por las políticas de drogas puedan participar sin temor a represalias. También se refuerza la perspectiva de género mediante la incorporación de nuevos párrafos que subrayan el impacto diferenciado de las políticas de drogas en mujeres y niñas. Estos cambios confirman una orientación más centrada en la dignidad, la salud pública, la igualdad y la participación comunitaria.
Colombia desempeñó un papel protagónico en la elaboración y presentación de la resolución. La Cancillería destacó que la adopción por consenso marca un hito histórico y reafirma el liderazgo del país en la promoción de políticas de drogas basadas en los derechos humanos. El presidente Gustavo Petro celebró el resultado como uno de los mayores triunfos diplomáticos de Colombia, subrayando que la decisión implica que bajo ninguna política de drogas se justifica atentar contra la vida de civiles, ni vulnerar los derechos de las personas cultivadoras o consumidoras.
De cara al futuro, la resolución insta a los organismos del sistema de derechos humanos y al OACDH a compartir sus contribuciones con la Comisión de Estupefacientes, lo que podría abrir el camino a una cooperación más sólida entre Ginebra y Viena. También prevé que el informe del Alto Comisionado, centrado en las mujeres y las niñas, sirva de base para futuras discusiones y recomendaciones. El desafío ahora es lograr que estos principios se traduzcan en políticas nacionales coherentes, capaces de proteger efectivamente los derechos de las personas más afectadas: cultivadoras, comunidades indígenas y quienes usan drogas.
