El estado de de Nueva York (Estados Unidos) ha presentado un proyecto de ley para crear un impuesto del 5% sobre la venta de bebidas alcohólicas, con el objetivo de financiar programas de tratamiento, prevención y recuperación de adicciones. La iniciativa ha sido recogida por el diario regional estadounidense Times Union.
La propuesta forma parte de la denominada SUPER Initiative (Prevención, Educación y Recuperación del Consumo de Sustancias) e incluye también un cambio en el destino de los fondos procedentes del actual impuesto estatal sobre opioides. Según la información publicada, se plantea que esos ingresos dejen de incorporarse al presupuesto general del estado y se asignen directamente al Fondo de Tratamiento de Drogas y Educación Pública, con la finalidad de garantizar una financiación más estable para los servicios relacionados con los trastornos por consumo de sustancias.
El debate se produce en un contexto de reformas recientes en la legislación estatal sobre bebidas alcohólicas, entre ellas la ampliación de la venta de alcohol para llevar en bares y restaurantes aprobada tras la pandemia. Para los impulsores del proyecto, el nuevo impuesto permitiría reforzar los recursos destinados a tratamiento y prevención en un momento en el que la demanda de atención especializada continúa siendo elevada.
Más allá del debate político en Nueva York, la fiscalidad del alcohol es una herramienta ampliamente analizada en salud pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye el aumento de impuestos y políticas de precios dentro de sus intervenciones prioritarias para reducir el consumo nocivo de alcohol. En el marco de la iniciativa SAFER, la OMS señala que elevar el precio del alcohol mediante impuestos es una de las medidas más eficaces para disminuir daños asociados al consumo.
Además, la OMS ha pedido a los países revisar y aumentar los impuestos sobre bebidas alcohólicas cuando estos resultan demasiado bajos para influir en el consumo, subrayando que estas medidas pueden reducir problemas sanitarios y generar ingresos que se reinviertan en servicios de salud.
La literatura científica respalda esta posición. Revisiones sistemáticas publicadas en revistas académicas han encontrado que los incrementos en impuestos y precios del alcohol se asocian con reducciones en el consumo excesivo y en daños como accidentes de tráfico, hospitalizaciones o mortalidad relacionada con el alcohol. Algunos estudios estiman que aumentos significativos de impuestos pueden traducirse en reducciones sustanciales de mortalidad asociada al consumo.
Según recoge Times Union, la propuesta ha generado también reservas en algunos sectores, que advierten sobre el posible impacto económico de un nuevo impuesto tanto en consumidores como en establecimientos. El debate legislativo determinará si la medida avanza y cómo se articula su aplicación concreta.
