El Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU (SPT) expresó su preocupación por condiciones alarmantes y prácticas coercitivas en centros de tratamiento de adicciones en México, especialmente en aquellos que operan de forma privada y fuera de un marco regulatorio adecuado. Dicha advertencia se dio a conocer tras la tercera visita oficial del Subcomité al país, realizada del 25 al 30 de enero de 2026, diez años después de su anterior misión en 2016.
Durante la misión, la delegación visitó prisiones de hombres y mujeres, comisarías de policía, hospitales psiquiátricos y centros de tratamiento de adicciones. Las personas expertas realizaron entrevistas confidenciales tanto con personas internadas como con personal de los establecimientos. Según el comunicado oficial de la Oficina del Alto Comisionado, aunque se reconocieron avances legislativos y un compromiso político por parte del Estado mexicano, persisten brechas importantes entre el marco legal y su aplicación en la práctica.
Entre los avances señalados se encuentra la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura en 2017, así como reformas posteriores en materia de salud. No obstante, el Subcomité manifestó su inquietud por la falta de investigaciones rápidas y eficaces en casos de tortura y por la persistencia de la impunidad, pese a contar con un marco jurídico considerado sólido.
La jefa de la delegación, Carmen Comas-Mata, destacó que la situación observada en algunos centros de rehabilitación resultó especialmente preocupante. Varios de estos establecimientos operan sin supervisión suficiente, lo que incrementa el riesgo de malos tratos y vulneraciones de derechos humanos. El Subcomité señaló que, aunque la legislación mexicana prohíbe la institucionalización involuntaria, durante la visita se observaron prácticas que no siempre se ajustaban plenamente a esa prohibición.
Además, distintos organismos nacionales e internacionales han documentado previamente problemas en centros de tratamiento de adicciones en México, especialmente en establecimientos privados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido en años anteriores recomendaciones relacionadas con casos de internamientos involuntarios, condiciones inadecuadas, tratos degradantes y falta de supervisión en este tipo de centros. También la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha señalado la necesidad de reforzar la regulación, la supervisión estatal y el respeto a los estándares internacionales en lugares donde personas pueden estar privadas de libertad por motivos de salud o consumo de sustancias.
Durante años se ha visto como muchas clínicas privadas de adicciones y de atención a la salud mental operan prácticamente al margen del escrutinio público, con supervisión muy limitada por parte del Estado. Este artículo de 2022 de La Jornada ya destacaba que, ante la escasa infraestructura pública para la atención de salud mental, muchas familias desesperadas recurren a centros privados. En esos contextos, se han documentado casos en que las personas internadas son aisladas sin contacto con el exterior, se les promete «terapia de choque» con engaños y los familiares quedan expuestos a extorsión para poder sacar a sus seres queridos, puesto que los acuerdos muchas veces ni siquiera quedan por escrito.
En visitas anteriores, el Subcomité de la ONU ya había advertido sobre problemas estructurales relacionados con el uso excesivo de la fuerza, deficiencias en la supervisión de centros de detención y dificultades en la investigación de denuncias. En 2014, el entonces Relator Especial de la ONU sobre la tortura, Juan E. Méndez, señaló tras una misión oficial que la tortura y los malos tratos constituían una preocupación grave en el país, especialmente en el contexto de detenciones e interrogatorios.
Los órganos de tratados de la ONU han insistido en la importancia de fortalecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, creado conforme a las obligaciones internacionales asumidas por México, así como en garantizar su independencia y funcionamiento efectivo. En este contexto, el señalamiento específico sobre centros de tratamiento de adicciones introduce un foco adicional en espacios que, aunque no siempre son percibidos como lugares de privación de libertad en sentido tradicional, pueden implicar restricciones significativas a la libertad personal.
El Subcomité enviará ahora un informe confidencial al Gobierno de México con sus conclusiones y recomendaciones. Corresponde al Estado decidir si hace público el documento, aunque el propio organismo ha alentado a que se difunda y se mantenga un diálogo constructivo sobre la implementación de las medidas propuestas.
