El Ministerio de Justicia les entregó a los alcaldes de toda Colombia el protocolo de Gobierno para restringir leve, mediana o fuertemente el consumo de drogas en espacios públicos. Se trata de una iniciativa ordenada por la Corte Constitucional, que de ninguna manera es de obligatorio cumplimiento, pero que sí tiene los tintes con los que la administración de Gustavo Petro quiere que se aborde la problemática de las drogas. El protocolo es un abecé de recomendaciones que cada alcalde podría estudiar, al momento de expedir sus propias normas sobre consumo de drogas.
El actual Código de Convivencia y Seguridad establece multas de hasta 32 salarios mínimos mensuales (al rededor de $41 millones a corte de 2024) para quienes consuman drogas en zonas cercanas de centros educativos, en centros deportivos, parques o zonas históricas consideradas de interés cultural. Sin embargo, el año pasado, la Corte Constitucional argumentó que la prohibición del consumo de drogas no puede ser general y le puso la tarea al Ministerio de Justicia para que cree una guía para los alcaldes. Lo primera gran recomendación es que siempre van a primar los derechos de los niños, como reiteró la cartera en su protocolo.
